La Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) nos ofrece un análisis exhaustivo sobre la garantía de la doble instancia (artículo 8º, párrafo 2º, inciso h de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), centrándose especialmente sobre la consolidación de la casación horizontal.
El estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) comienza con anterioridad a la incorporación de los tratados internacionales a la Constitución Nacional con el estudio del caso "Jáuregui" (1988) y la modificación de su doctrina en el caso "Giroldi" (1995). Seguidamente, se presentan los casos "Casal" y "Duarte" para entender la revisión amplia de la sentencia en armonía con la doctrina sentada por la Corte Interamericana en el caso "Mohamed vs. Argentina". Finalmente, se explora la consolidación de la casación horizontal con el caso "P., S. M".

La publicación de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Federal no solo ofrece un análisis riguroso y comprehensivo, sino que también proporciona herramientas teóricas y prácticas valiosas para juristas y profesionales del derecho. Su contribución al debate y al desarrollo jurídico en este campo es significativa, proporcionando una guía clara y fundamentada.

En el informe realizado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura (MLP) en la provincia de Buenos Aires, la falta de alimentos de calidad y la deficiente gestión alimentaria en las cárceles bonaerenses no solo vulneran los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sino que también perpetúan un sistema de corrupción y maltratos.

Según el informe, en 2023 se registraron 3.723 hechos vinculados a problemas alimentarios en las cárceles, incluyendo 2.918 casos de falta o deficiente alimentación y 805 casos de falta o deficiente dieta especial. Estos problemas no solo afectan la salud física de los detenidos, provocando dolencias y enfermedades, sino que también impactan negativamente en su salud mental y bienestar general y en la gestión de la violencia que conlleva el hambre.

La Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Tlaleng Mofokeng, examina la relación que guarda la reducción de daños, no solo con el consumo de drogas y los trastornos relacionados con el consumo de drogas, sino también con las leyes y políticas en materia de drogas, con el objetivo de analizar y abordar los resultados conexos que repercuten negativamente en el disfrute del derecho a la salud. Para ello, presta especial atención a las drogas cuya producción, distribución y consumo han estado sometidas a control en virtud de los tratados de fiscalización internacional de drogas, en particular en la forma en que ese control ha hecho mella en la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de determinadas drogas que se utilizan como medicamentos.

La Relatora Especial considera que las intervenciones de reducción de daños revisten especial importancia para las poblaciones que a menudo se ven estigmatizadas y discriminadas en el contexto del consumo de drogas y de la aplicación de las leyes y políticas en materia de drogas. Profundiza en el modo en que todo ello agrava otras formas de discriminación y afecta de forma desproporcionada a determinadas personas, como las que se encuentran en situación de pobreza o sin hogar, las personas con problemas de salud mental, las trabajadoras y los trabajadores sexuales, las mujeres, los niños y las niñas, las personas LGBTIQA+, las personas negras, los Pueblos Indígenas, los migrantes, las personas encarceladas o detenidas, las personas con discapacidad, las personas que viven con el VIH, la tuberculosis o la hepatitis y las personas que viven en zonas rurales. La Relatora Especial también examina las deficiencias existentes en la atención para la reducción de daños, en particular en los contextos en los que no responde a las necesidades de quienes, durante décadas, se han llevado la peor parte de las leyes y políticas punitivas en materia de drogas, como las personas afrodescendientes y los Pueblos Indígenas.