El Tribunal Superior de Córdoba confirmó la condena de Miguel Steritemberger por homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y femicidio. La defensa pretendía sostener que se había realizado bajo un estado de emoción violenta y así aplicar circunstancias extraordinarias de atenuación. El tribunal rechazó el planteo y sostuvo que analizando la prueba con perspectiva de género quedaba claro que existía violencia de género en la pareja. Sostuvo que no se puede aceptar que la decisión de una mujer de terminar con la relación vincular que se encontraba signada por malos tratos hacia su persona funcione como ofensa al varón y pueda funcionar como una excusa de menor culpabilidad por haber reaccionado en un estado de emocional violenta.

La Cámara en lo Penal de Puerto Madryn, provincia de Chubut, confirmó la sentencia por homicidio transversal en concurso real con hurto en Juan Gabriel Orellana por haber perpetrado múltiples lesiones con arma hasta degollarla y ocasionar su muerte a una niña de 14 años con el propósito de causarle sufrimiento a la hermana de la víctima/pareja del condenado.
La Cámara consideró probado que Orellana ejerció violencia física y psicológica contra su pareja y madre de su hijo mediante su sumisión, aislamiento, amenazas, entre otras formas. Además, se acreditó que el condenado había realizado búsquedas en Google, el día anterior al hecho, sobre cuáles eran los puntos débiles de las personas para lesionarlas, desmayarlas e inmovilizarlas. Información que luego utilizó al atacar a la niña de 14 años.

En un fallo dividido, la Cámara Federal de Casación Penal determinó que se violarían el debido proceso y el derecho de defensa si se procede conforme a lo resuelto por la Cámara Federal de Paraná. Esto se debe a que se intentaría instruir una acción penal basada en una prueba obtenida ilegalmente en el contexto de un acuerdo de juicio abreviado en la justicia provincial.

Se señaló que dicho acuerdo no llegó a homologarse, por lo que la prueba obtenida ilegalmente debió ser destruida según lo establecido en el artículo 481 del Código Procesal Penal de Entre Ríos. Además, se destacó que, a pesar del cambio de opinión del representante del Ministerio Público Fiscal en esta instancia, el fiscal de grado ya se había pronunciado en contra de la persecución penal, postura que también fue sostenida por el fiscal ante la cámara de apelaciones.

Dadas estas circunstancias, se concluyó que en este caso precluyó la posibilidad de modificar dicho criterio sin afectar el debido proceso y el principio de unidad de acción que debe regir la actuación de la acusación pública, conforme al artículo 1 de la ley 24.946.

La Cámara Federal de Mar del Plata ha asumido competencia federal para abordar un caso iniciado con el propósito de liberar y proteger a una orca en cautiverio. En su fundamentación, los jueces también han recordado las bases constitucionales relacionadas con la problemática ambiental -específicamente el artículo 41 de la Constitución Nacional-, la declaración de interés público de la fauna silvestre establecida en la ley 22.421, la ratificación del Convenio sobre Diversidad Biológica mediante la ley 24.375, y el enfoque de la política ambiental nacional que busca garantizar la conservación de la diversidad biológica.