En el informe realizado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura (MLP) en la provincia de Buenos Aires, la falta de alimentos de calidad y la deficiente gestión alimentaria en las cárceles bonaerenses no solo vulneran los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sino que también perpetúan un sistema de corrupción y maltratos.
Según el informe, en 2023 se registraron 3.723 hechos vinculados a problemas alimentarios en las cárceles, incluyendo 2.918 casos de falta o deficiente alimentación y 805 casos de falta o deficiente dieta especial. Estos problemas no solo afectan la salud física de los detenidos, provocando dolencias y enfermedades, sino que también impactan negativamente en su salud mental y bienestar general y en la gestión de la violencia que conlleva el hambre.
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