La cámara de Acusación cordobesa indicó que el acceso al contenido de los dispositivos secuestrados constituye un elemento legítimo e idóneo para lograr avances en el marco de una investigación. Acorde a la postura del máximo tribunal cordobés y de la CSJN, lo relevante para evaluar la legitimidad de este medio de prueba es que las manifestaciones o aportes de prueba sean espontáneos y que no hayan sido fruto de coacción por parte de las autoridades intervinientes. Dado que no hubo coacción en el supuesto de la causa, el tribunal revocó el auto del juzgado de control y dejó habilitada la posibilidad de efectuar la apertura del teléfono celular de la imputada.

En el contexto de la causa en la que se condenó a los imputados por el delito de reducción a la servidumbre se fijó la suma total de 44.104.091,20 pesos en concepto de reparación integral del perjuicio en favor de la víctima. Se estableció, además, que ese monto debería ser actualizado acorde al índice de inflación acumulado indicado por el INDEC al momento del efectivo cobro.
Argentina suscribió la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", incorporada a nuestra legislación bajo la Ley 25632, en la que se asume el compromiso de luchar contra la trata de personas y evitar su explotación. Allí se establece que los Estados parte deben establecer mecanismos adecuados para que las víctimas de trata obtengan reparación e indemnización, adoptando las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.
La normativa se complementa con leyes nacionales como la Ley 27372 de Derechos de las Víctimas de Delitos, la Ley 26842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, y la Ley 27508 del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, así como el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas.

Sumario:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Argentina responsable por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, así como por no haber cumplido con su deber de investigar con la debida diligencia y dentro del plazo razonable el atentado y su encubrimiento.
La Corte declaró, además, la responsabilidad de Argentina por no haber garantizado un acceso real a la documentación sobre el atentado. Asimismo, se determinó la violación al derecho a la verdad por las múltiples falencias del Estado en la determinación de la verdad histórica sobre el atentado y su responsabilidad directa en las maniobras de encubrimiento, así como por las dificultades que han tenido los familiares de las víctimas en acceder a la información sobre el caso.

Sumario:
El Tribunal en lo Criminal Nº 4 de La Plata, provincia de Buenos Aires, resolvió condenar al acusado a la pena de ocho años de prisión por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal en su modalidad de delito continuado (arts. 45 y 119 tercer párrafo del CP).
En el presente pronunciamiento se valora la declaración testimonial de la víctima desde la perspectiva de género. Se utilizó la Guía de Prácticas Aconsejables para Juzgar con Perspectiva de Género elaborada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, publicada en marzo de 2024.

Sumario:
El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires rechazó el recurso de casación interpuesto en favor del imputado contra la sentencia que lo condenó a la pena de trece años de prisión. En aquel pronunciamiento se lo encontró autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante reiterados y abuso sexual con acceso carnal mediando abuso intimidatorio de una relación de poder reiterado, ambos agravados por el vínculo y por haber sido cometidos contra una menor de dieciocho años aprovechando la convivencia preexistente, en concurso real (arts. 45, 55, 119 segundo, tercer y cuarto párrafos incs. b y f del CP). Además, se lo declaró reincidente.
En el fallo se analizan los agravios presentados por el recurrente respecto de la valoración del consentimiento de la víctima, de la perspectiva de género y situación de vulnerabilidad, calificación legal aplicada y pena impuesta a su asistido.

Sumario:
El Juzgado de Instrucción ordenó el procesamiento con prisión preventiva de Justo Fernando Barrientos por considerarlo —en principio— penalmente responsable del hecho ocurrido la noche del 5 al 6 de mayo, calificado como triple homicidio doblemente agravado, por haber sido cometido con alevosía y por un medio idóneo para crear un peligro común —que tuvo como víctimas a Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, quien se encontraba embarazada—, en concurso real con lesiones graves —que tuvo como víctima a Sofía Castro Riglos—; todo ello en calidad de autor (arts. 45, 55, 80 incs. 2º y 5º y 90 del CP).

Sumario:
El Tribunal sobreseyó a la persona imputada, previa modificación de la calificación legal por la figura de tenencia simple de estupefacientes (art. 14, primera parte, Ley 23.737) y declaración de extinción de la acción penal por prescripción.