Resumen: Se analizan los alcances del Acuerdo SCBA 4040/21 vigente desde el 1 de noviembre 2021, con mención de las principales normas dictadas para implementar las TIC en el proceso penal bonaerense.

Abstract: The scope of the SCBA Agreement 4040/21 in force since November 1, 2021 is analyzed, with mention of the main rules issued to implement ICT in the Buenos Aires criminal process

Sumario: I.- Introducción; II.- Antecedentes normativos del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas; III.- Alcances del reglamento 4040/21 (publicado en el sitio de la SCBA el 18/10/21) para las presentaciones y notificaciones por medios electrónicos en el fuero penal y de la responsabilidad penal juvenil; IV.- La regulación de las notificaciones dispuesta por el acuerdo 4040/21; V.- El domicilio electrónico en el acuerdo 4040/21; VI.- Conclusión; VII.- Bibliografía

A partir de la sanción de la Ley 27.372 “Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos” se reforzó la participación de las víctimas en los procesos penales reconociéndoles derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de DDHH y saldando, de alguna manera, el abandono histórico que éstas habían sufrido por parte del Estado en materia de acceso a la justicia. La nueva normativa ha traído avances, pero también debates sobre la posible colisión de estos derechos con los derechos y garantías de las personas imputadas o condenadas. Si bien el rol de la víctima debe ser fundamental en el proceso, no tiene que vulnerar derechos y garantías de las personas acusadas de cometer un delito. Se debe asumir con mucha responsabilidad la compatibilización de la ley de víctimas con los derechos y garantías de las personas acusadas como autoras de delitos en un proceso penal y, también, con los derechos de las personas ya condenadas. El desafío está en armonizar ambas perspectivas, respetando siempre las garantías constitucionales del debido proceso para ambas partes.

El presente texto tiene como objetivo analizar cómo se distribuyen las llamadas “cargas probatorias” en las investigaciones relativas a delitos contra la libertad sexual. Se parte de un caso testigo del Poder Judicial de Santa Fe, el cual no obstante ser luego revocado y el magistrado decisor destituido, en la instancia revisora no se abordó el problema probatorio descripto por la autora. Concretamente, se aborda cómo es tomado el consentimiento aludido por el acusado en los tribunales. Se argumentará por qué, tratándose de una defensa afirmativa, debe ser su carga probar la existencia del consentimiento en la reputada agresión sexual, aunque con un estándar probatorio sensiblemente menor que el exigido a la Acusación. Todo ello sin que implique desconocer el principio constitucional de inocencia, tomando como basamento jurisprudencia nacional e internacional relevante, y desde una mirada de género.

El presente trabajo realizado por Javier Eduardo Montaperto, tiene como objeto de estudio la investigación sobre la falta de marco jurídico regulatorio de la denominada suplantación de identidad de la persona en el derecho penal argentino y cómo dicha circunstancia puede afectar el principio penal de legalidad de la represión como garantía del debido proceso en virtud de los arts. 18 y 75 inc. 22 CN.

Sumario:
Capítulo 1: Víctimas por la Paz, por Mario Juliano, Diana Márquez y Andrés Castagno

Capítulo 2: La Facilitación Restaurativa ante el Conflicto Juvenil, por Silvana Sandra Paz y Silvina Marcela Paz

Capítulo 3: La Justicia Restaurativa, por Silvia Irigaray y Andrés López

Capítulo 4: Infancia y Adolescencia: conflictos con la ley penal bonaerense, por Natacha Tellone y Gabriel M A Vitale

Capítulo 5: ¿Cómo se hace un/a adultx? Posición adulta y sistemas Adultocéntricos, por Martina Iribarne

Capítulo 6: El interés superior del niño en los instrumentos internacionales, por María Jimena Rodríguez

Capítulo 7: El transcurso del tiempo, la impunidad y el abuso sexual infantil, por María Beatriz Müller, Pablo Daniel López y Gabriel M. A. Vitale

Capítulo 8: El trabajo conjunto entre la justicia de Familia y la Justicia Penal, por Gabriel M. A. Vitale

Capítulo 9: Privación de la libertad como política en la infancia y adolescencia, por Lic. Natalia Bourdet y Prof. Gabriel M A Vitale

Capítulo 10: Informes de infancia y adolescencia en la CIDH, por Gabriel M. A. Vitale y Juan Introzzi

Capítulo 11: En busca de un Estado eficaz en la lucha contra la violencia de género, por Gabriela Wolf y Gabriel M. A. Vitale

Capítulo 12: Mujeres víctimas de violencia: un abordaje territorial, por Claudia Inés Carpintero y María Paz Bertero

Capítulo 13: Patria Potestad y responsabilidad parental. Noción de Matria Marental, por Rocío C. Bernal y Gabriel M. A. Vitale

Capítulo 14: Violencias, Instituciones y Periodismo: nuevos imaginarios; por Alejandro Córdoba

Capítulo 15: Derechos Políticos y sufragio: Fundamentos del control social, por Gabriel M. A. Vitale

Capítulo 16: Seguridad y Derecho a la sindicalización, por Gabriel M. A. Vitale

CITA SUGERIDA:
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/124277
https://doi.org/10.35537/10915/124277

RESUMEN:
En la comprensión identitaria de la dogmática penal, la relevancia que esta le otorga a los discursos relativos a los fines que legitimarían el castigo penal (la “teoría de la pena”) es especialmente intensa. El artículo somete a crítica la capacidad de rendimiento de la definición metodológica influenciada por el discurso de la teoría de la pena y de la aplicación directa, en contextos de discusión dogmática, de argumentos de “teoría de la pena”. El artículo muestra que la pretensión de identificación de aspectos propios del objeto de la dogmática penal (el “derecho penal”) a partir de consideraciones relativas a los fines de su sanción es particularmente débil. Argumentos de concordancia con fines en la interpretación de ciertas instituciones son, en cambio, plausibles en la medida en que la institución en interpretación pueda ser plausiblemente vinculada a esos fines. Ello no arranca, sin embargo, de ninguna consideración relativa a finalidades que sean atribuibles a la “pena en sí”.

REFERENCIA:
El artículo es reproducido por Revista Pensamiento Penal y corresponde a la Revista Política Criminal. Se recomienda la cita de la publicación original, disponible en https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.7655/ev.7655.pdf

CITA SUGERIDA:
WILENMANN, Javier. “Contra las prácticas argumentativas de apelación a la “teoría de la pena” en la dogmática penal”.
Polít. crim. Vol. 12, No 24 (Diciembre 2017), Art. 4, pp. 754-785. [http://www.politicacriminal.cl/Vol_12/n_24/Vol12N24A4.pdf]

La justicia transicional se basa en cuatro principios: memoria, verdad, justicia y reparación. Argentina ha sido pionera y ejemplo internacional en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar. Me propongo reflexionar sobre una dimensión que no ha sido desarrollada en toda su extensión: pensar las motivaciones económicas del proceso represivo y las posibilidades de recupero de bienes en el marco de la justicia penal. Ello con un doble objetivo: la reparación del daño causado por parte de los perpetradores y que los delitos no sigan rindiendo frutos. A partir de la descripción y análisis de investigaciones judiciales en las que se ha avanzado en este sentido se propone reflexionar sobre las herramientas que nos brinda el derecho penal frente a los bienes que han sido apoderados ilegalmente por los perpetradores, a los activos que fueron producto de esos delitos, a los bienes que se utilizaron para cometerlos