Breve análisis de los derechos y garantías de las víctimas y su relación con los de las personas imputadas en un proceso penal.

A partir de la sanción de la Ley 27.372 “Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos” se reforzó la participación de las víctimas en los procesos penales reconociéndoles derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de DDHH y saldando, de alguna manera, el abandono histórico que éstas habían sufrido por parte del Estado en materia de acceso a la justicia. La nueva normativa ha traído avances, pero también debates sobre la posible colisión de estos derechos con los derechos y garantías de las personas imputadas o condenadas. Si bien el rol de la víctima debe ser fundamental en el proceso, no tiene que vulnerar derechos y garantías de las personas acusadas de cometer un delito. Se debe asumir con mucha responsabilidad la compatibilización de la ley de víctimas con los derechos y garantías de las personas acusadas como autoras de delitos en un proceso penal y, también, con los derechos de las personas ya condenadas. El desafío está en armonizar ambas perspectivas, respetando siempre las garantías constitucionales del debido proceso para ambas partes.