La Resolución adoptada por el Organismo Interamericano representa la continuidad en la tarea de elaborar las mejores respuestas a la pandemia desde un enfoque de derechos humanos. Se trata específicamente de la urgencia en lograr una rápida inmunización en las Américas, debiendo los Estados ubicar a la salud pública en el centro de sus decisiones y políticas sobre vacunas contra el COVID-19, resultando imperativo su distribución justa y equitativa, haciéndolas accesibles y asequibles para los países de medios y bajos ingresos. Establece asimismo los criterios que los Estados deben considerar para que los procesos de producción, adquisición, distribución y administración de vacunas se ajusten a las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas.

Ha mediado una afectación al
modelo de proceso acusatorio que diseña nuestra
Constitución Nacional (arts. 18, 75 inc. 22 de la CN,
26 de la DADDH, 10 y 11.1 de la DUDH, 8.1 de la CADH y
14.1 del PIDCyP -que expresamente ha reconocido la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en los
considerandos 7° y 15° del precedente “Casal”, Fallos
328:3399-), cuyo paradigma esencial consiste en la
separación de las funciones de enjuiciamiento y
postulación. En este sentido, el rol de perseguir y acusar debe ser independiente del de juzgar y punir y, consecuentemente, debe estar a cargo de sujetos distintos (Reglas de Mallorca, artículo 2°, inciso 1). (Del voto de la jueza Ledesma).