Como ha expresado el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, la resolución recurrida se funda en una interpretación arbitraria de la normativa aplicable, de conformidad con las constancias comprobadas en la causa.

En efecto, la decisión adoptada ha otorgado efectos interruptivos de la prescripción de la acción penal a hitos procesales que no se encuentran expresamente previstos en el art. 67 del Código Penal.

Se observa que, tal como señaló el acusador al presentar breves notas sustitutivas de la audiencia en la instancia, “...el Tribunal Oral le atribuyó carácter interruptor del curso de la prescripción a la sentencia dictada el 22/6/2017 por la Sala IV de la CFCP. Esta conclusión no es válida porque se asienta sobre una interpretación indebida, que prescinde de la letra manifiesta de la ley, lo que constituye en sí una causal de arbitrariedad de sentencias (Fallos: 278:168, 293:539; 300:588; 301:595, entre otros). Lo mismo ocurre con las referencias a las sentencias de los tribunales provinciales, porque no son las sentencias dictadas en otros hechos los que interrumpen el curso de la prescripción, sino su comisión (de lo que las respectivas condenas darían certeza “retroactiva”). Expresamente lo dice el art. 67 CP al señalar como acto interruptor la comisión de otro delito (y, en consecuencia, su fecha de comisión), y no la sentencia condenatoria dictada a su respecto”.

La simple lectura de las normas actualmente vigentes permite advertir las notorias diferencias entre la normativa anterior y la actual. En particular, lo previsto en el inciso 7 del Art. 340 procesal, que refiere especialmente al tipo de información que no preveía el computo de pena según Ley 6203 (Art. 513).

En relación con las consideraciones de la A Quo sobre el conocimiento del cómputo de pena original por parte del condenado Argañaraz y la posibilidad de ser asesorado o informado por su defensor, considero que tal criterio implica un flagrante incumplimiento al artículo 61 inciso 9 procesal, que establece: “Derechos del imputado. A todo imputado deberá asegurarse el ejercicio su derecho de defensa, debiendo la policía, el fiscal y los jueces, informarle de manera inmediata y comprensible los siguientes derechos: (...) 9. A acceder a toda la información disponible desde el momento en que tenga noticia sobre la existencia del proceso, según las previsiones de este Código, constituyendo falta grave su ocultamiento o retaceo; (...)”.

El texto es claro y contundente, y no requiere mayores explicaciones: es derecho de toda persona sometida a proceso, y ello debe extenderse necesariamente al condenado sometido a la etapa de ejecución de la pena, el tener acceso “...a toda la información disponible...”.