Extractos del fallo:
"Frente a la disposición de no regular honorarios profesionales, el Defensor Oficial en lo Civil y del Trabajo, con carácter itinerante, con jurisdicción territorial en los Centros Judiciales Concepción y Monteros opuso impugnación extraordinaria, aseverando que el a-quo “infringió las siguientes normas de derecho (art. 750 del CPCCT): arts. 4 de la Ley 5.480, 160 novies y 160 ter inc. 6 de la Ley 6.238 y 30 de la CT”.

"Manteniendo similar rumbo, Mario Alberto Juliano señaló que no era tesis de su “trabajo que imponiendo las costas del proceso penal al Estado en caso de derrota se vaya a resolver el drama del fenómeno punitivo ni mucho menos. Pero sí se advierte que la racionalización y sinceramiento de este tópico puede contribuir -entre otras cosas- a redimensionar la contienda penal. En este sentido, puede apuntarse como probable consecuencia de un sistema en línea con la materia arancelaria más tradicional, que los responsables de impulsar la acción penal debieran ser más cuidadosos a la hora de discernir entre el mérito o demérito del caso que tienen para resolver, evitando la inútil o dispendiosa promoción de pleitos que habrán de terminar en el fracaso. Ciertamente, en la medida que el Estado tenga que soportar las consecuencias de la incuria de los operadores, es probable que allí se encienda una luz de alarma sobre el modo en que obran algunos funcionarios. Colateralmente, añado, que un sistema de esta índole, propenderá al desarrollo y fortalecimiento de la defensa."

"Partiendo de esa base, no parece errada la lógica que subyace al fallo del a-quo cuando afirma “que con relación a las costas de esta instancia, considerando la oposición del Ministerio Público Fiscal a la pretensión recursiva, y conforme al principio objetivo de la derrota, deben imponerse a la parte vencida, por aplicación lo normado por los artículos 329 y 330 in fine y 18 del CPPT, concordante con los arts. 105 y 107 del CPCyC, toda vez que no existe merito para eximirlo total ni parcialmente”. Sin perjuicio de lo expuesto, no puede pasarse por alto que el doctor Mariano Fernández reconoció “que el MPF no cuestiono la imposición de costas y que las mismas fueron impuestas en virtud del principio objetivo de la derrota”.

Adicionalmente, entiendo necesario afirmar que el fallo atacado por el Defensor Acuña, adolece de un adecuado tratamiento de las razones esgrimidas para solicitar la regulación que rechaza so pretexto del art. 160 ter, inc. 6 de la Ley N° 6.238. Esto, no sólo desatiende el deber de no dejar al margen de la decisión elementos que, por su trascendencia, resulten indispensables para emitir un juicio fundado sobre el tema en discusión; el cual no puede realizarse sin un examen completo de los hechos y alegaciones conducentes introducidas en el pleito por las partes (CSJT: sentencia N° 381 del 10/6/2011) y procurar realizar una interpretación armónica del derecho aplicable. Lo que tiñe de arbitrario el fallo en crisis".

Fallo de la Corte de Jusiticia de Salta confirma Habeas Corpus interpuesto por la Asociación Pensamiento Penal a instancias del entrañable Mario Alberto Juliano que habilita el uso de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios.
Voto del Dr. Guillermo Alberto Catalano y la Dra. Sandra Bonari:
1o) Que el art. 18 de la Constitución Nacional, ya desde 1853, al establecer que las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo, recepta el fin de prevención especial de la pena.
En un mismo sentido lo hacen los tratados de derechos humanos incorporados a ella (art. 75, inc. 22). Así, el art. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) dispone que “las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados"; a su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece, en su art. 10.3, que “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados
2o) Que, realizando esos postulados de carácter superior, la Ley 24660 y sus modificatorias asocian a la ejecución de la pena privativa de la libertad la finalidad de lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta. A ello, con evidentes fines utilitarios, agrega el loable objetivo de procurar su reinserción social, incluso, promoviendo el apoyo de la sociedad (art. 1º.
Para alcanzar esto último, la citada ley prevé un régimen progresivo divido en fases, dirigido a lograr un verdadero seguimiento del interno y asocia otras instituciones que persiguen amparar, en la medida de lo posible, el uso y goce de los derechos que le asisten, fundamentalmente aquellos que, por su naturaleza, resultan indispensables para su reinserción
En efecto, el principio de legalidad, con fuente en el art. 18 de nuestra Carta Magna, se proyecta también hacia la ejecución de la pena privativa de libertad e impide la afectación arbitraria de otros derechos fundamentales diferentes a la libertad ambulatoria.
Es bajo esa premisa, entonces, que se garantiza a los condenados la asistencia médica y espiritual, el acceso a la educación, el mantenimiento de sus vínculos familiares y sociales, entre tantos otros, reconociéndoseles de ese modo el pleno ejercicio de los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional
3o) Que en ese marco debe valorarse el derecho que tienen los internos de comunicarse periódicamente con sus familiares, amigos, allegados, curadores y abogados pues, si esos vínculos son convenientes para éste y su familia y compatibles, a su vez, con el tratamiento que les ha sido impuesto, deben ser facilitados y estimulados (art. 168 de la Ley 24660).
De ese modo, se materializa el principio denominado por la doctrina de “no marginación” en la medida en que se incrementan los espacios de relación entre quienes se hayan privados de libertad y el mundo exterior, evitando o disminuyendo los efectos nocivos que se derivan de la prisionización (conf. de la Rúa, Jorge – Tarditti, Aida, “Derecho Penal. Parte General”, Hammurabi, Buenos Aires, 2015, pág. 597/599).
4o) Que en ese contexto, la regla prohibitiva contenida en el art. 160 de Ley 24660 admite su excepción si se atiende a las circunstancias excepcionales y específicas del caso que obligan a realizar una reflexión diferente y a efectuar una interpretación armónica con las restantes normas del ordenamiento jurídico. Ello, teniendo especialmente en cuenta los derechos de jerarquía constitucional comprometidos y la situación epidemiológica causada por el COVID-19 que diera lugar a que la Organización Mundial de la Salud la declarara como enfermedad pandémica.
Sobre el particular, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente “Dessey”, ha precisado que el propósito de readaptación social del penado debe estar en la base del tratamiento carcelario. Se indicó, asimismo, que censurar y obstaculizar la comunicación del recluso con el exterior es un modo de distanciarlo del medio social al que deberá reintegrarse tras el cumplimiento de la pena (conf. Dessey, Gustavo G. s/ hábeas corpus, 19/10/95).
En la misma línea, las diversas normas supranacionales receptan entre los derechos humanos básicos, el relativo a la comunicación y al mantenimiento de los vínculos familiares. Puntualmente, la Regla 58 de las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos” (Reglas de Nelson Mandela) consagra el derecho de los internos a comunicarse periódicamente bajo la debida vigilancia con sus familiares y amigos.
Ergo, si el derecho a la comunicación es una regla básica y su obstaculización afecta el proceso de resocialización y la salud psicofísica de las personas privadas de su libertad, su impedimento vulnera los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional (conf. Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Causa No 100145, 30/III/2020).

SUMARIO:
El fallo, pronunciado el 22/04/22 por la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, hizo lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal y revocó la decisión de la jueza de primera instancia que declaró inconstitucional el art. 4 del DNU 297/20 y en base a ello sobreseyó a un ciudadano acusado de violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).

La decisión, asentada en el carácter constitucional del problema planteado, analizó pormenorizadamente las excepcionales circunstancias en que el Poder Ejecutivo Nacional puede desarrollar actividad legislativa, como la implicada en el dictado de decretos de necesidad y urgencia. También dedicó consideraciones al tipo de control al que están sometidas esas decisiones, y en particular a la facultad de control que le cabe al Poder Judicial y los casos en que ese control puede ser llevado a cabo de oficio.

Tras ello, descartó que la jueza de primera instancia hubiera llevado a cabo adecuadamente el control de constitucionalidad. Explicó que el art. 4 del DNU 297/20, al referir que las violaciones al ASPO debían hacerse cesar y dar intervención a la autoridad competente en el marco de los Arts. 205, 239 y concordantes del CP, no implica que el Ejecutivo haya "legislado en materia penal" en violación al art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional, pues se trata, en cambio, de una directiva de persecución penal administrativa que está legitimado a adoptar, incluso sin necesidad de hacerlo mediante un decreto de necesidad y urgencia.

Luego señaló un error procesal en la decisión de la jueza, puesto que declaró la inconstitucionalidad en cuestión y sobreseyó al acusado en el marco de un juicio abreviado, algo vedado por la legislación local que autoriza al juez, en esos casos, solamente a aceptar el procedimiento abreviado y homologarlo, o a rechazar el acuerdo y remitir las actuaciones a otro juez.

Por último, descartó que la acción penal por el art. 205 del CP se superpusiera ilegítimamente con las multas que instauró, vía decreto, el Gobernador de la Provincia de Mendoza. Explicó al respecto que: 1) se trata de causas de persecución diferentes y, por ello, no se ve afectado el principio ne bis in ídem (o prohibición de doble persecución penal); 2) que, además, ese tipo de conflictos no puede resolverse vía aplicación del principio de "ley penal más benigna", previsto para sucesión temporal de leyes; 3) y descartó que los principios previstos para el proceso penal sean aplicables, sin más, a los procesos administrativos de sanción. Sin embargo, descartó la viabilidad de un argumento fiscal al respecto, que confundía la acción contravencional con la aplicación de multas que emanan de decretos provinciales.