Los litigios climáticos representan una solución innovadora para transformar la dinámica de la lucha contra el cambio climático. El presente Informe Mundial sobre Litigios Climáticos: Revisión Global 2023 demuestra que la gente está recurriendo cada vez más a los tribunales para combatir la crisis climática. A fecha de diciembre de 2022, se han presentado 2.180 demandas relacionadas con el clima en 65 instancias procesales, incluidos tribunales internacionales y regionales, órganos cuasijudiciales u otros órganos jurisdiccionales, como los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas y los tribunales de arbitraje. Esto representa un aumento constante de 884 casos en 2017 y 1.550 casos en 2020. Los niños y los jóvenes, los grupos de mujeres, las comunidades locales y los Pueblos Indígenas, entre otros, están asumiendo un liderazgo prominente en interponer estos casos e impulsar la reforma de la gobernanza del cambio climático en cada vez más países de todo el mundo.

Este informe, que constituye una revisión actualizada de los informes anteriores del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente publicados en 2017 y 2020, ofrece una visión general del estado actual de los litigios en materia de cambio climático y una actualización de las tendencias mundiales en la materia. Asimismo, proporciona a jueces, abogados, defensores, responsables políticos, investigadores, defensores del medio ambiente, activistas climáticos, activistas de derechos humanos (incluidos los activistas de los derechos de las mujeres), ONG, empresas y a la comunidad internacional en general un recurso esencial para comprender el estado actual de los litigios climáticos globales, lo que incluye descripciones de las cuestiones clave a las que se han enfrentado los tribunales en el curso de los casos de cambio climático.

En el presente informe, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, se centra en la cuestión de las muertes en las prisiones con el fin de crear conciencia sobre una tragedia invisible, pero en gran medida evitable, de dimensiones mundiales que a menudo es consecuencia del incumplimiento del deber de los Estados de respetar y proteger el derecho fundamental a la vida de las personas privadas de libertad. Aunque el informe pone el foco en las muertes de las personas privadas de libertad en el contexto de la justicia penal desde el momento de su detención hasta el
cumplimiento de la pena, pasando por la fase de prisión preventiva, sus conclusiones y recomendaciones se aplican por igual a las muertes de personas privadas de libertad en otros contextos. El Relator Especial también presenta recomendaciones factibles basadas en las mejores prácticas descritas en el informe y en las normas internacionales para la investigación y la prevención eficaces de todas las muertes de personas privadas de libertad.

El Ministerio de Seguridad de la Nación elaboró una guía de capacitación para las Fuerzas de Seguridad a los fines de aggiornar sus actuaciones a los nuevos avances en materia de cannabis medicinal y su nueva normativa.