Alusivo al asunto, interesa hacer notar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó “que nombrar a un defensor de oficio con el sólo objeto de cumplir con una formalidad procesal equivaldría a no contar con defensa técnica, por lo que es imperante que dicho defensor actúe de manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evite así que sus derechos se vean lesionados y se quebrante la relación de confianza. A tal fin, es necesario que la institución de la defensa pública, como medio a través del cual el Estado garantiza el derecho irrenunciable de todo inculpado de delito de ser asistido por un defensor, sea dotada de garantías suficientes para su actuación eficiente y en igualdad de armas con el poder persecutorio. La Corte ha reconocido que para cumplir con este cometido el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas. Entre ellas, contar con defensores idóneos y capacitados que puedan actuar con autonomía funcional” (cfr. Corte I.D.H. in re “Caso Ruano Torres y otros vs. El Salvador”, sentencia del 5 de octubre de 2015 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 157).

En esa línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación abordó la cuestión en autos “Recurso de hecho deducido por María Azucena Márquez en la causa Iñigo, David Gustavo y otros s/ Privación ilegítima de la libertad” (sentencia del 26 de febrero de 2.019). En ese entonces, aseveró “que en materia criminal, en la que se encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad y el honor, deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa (Fallos: 311:2502; 320:854; 321:1424; 325:157; 327:3087, 5095; 329:1794). La tutela de dicha garantía ha sido preocupación del Tribunal desde sus orígenes, en los que señaló que el ejercicio de la defensa debe ser cierto, de modo tal que quien sufre un proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal, al extremo de suplir su negligencia en la provisión de defensor asegurando, de este modo, la realidad sustancial de la defensa en juicio (Fallos: 5:459; 192:152; 237:158; 255:91; 311:2502)” (cons. 5°). Inclusive, explicitó que “corresponde recordar la seriedad con que ha de atenderse a los reclamos de quienes se encuentran privados de su libertad, los cuales ‘más allá de los reparos formales que pudieran merecer, deben ser considerados como una manifestación de voluntad de interponer los recursos de ley’ (Fallos: 314:1909, entre muchos otros). Al respecto, no basta para cumplir con las exigencias básicas del debido proceso que el acusado haya tenido patrocinio letrado de manera formal, sino que es menester además que aquel haya recibido una efectiva y sustancial asistencia de parte de su defensor (Fallos: 310:1934; 327:103; 331:2520)” (cons. 6°). Para terminar, indicó “que tal como se señaló en Fallos: 310:1797 en una materia tan delicada como es la que concierne a la defensa en sede penal los juzgadores están legalmente obligados a proveer lo necesario para que no se produzcan situaciones de indefensión” (cons. 7°).

Finalmente, “esta Sala Civil y Penal ha puesto especial énfasis en el deber de los tribunales inferiores, de extremar los recursos necesarios para que toda persona sometida a enjuiciamiento pueda contar con la debida asistencia legal (cfr. CSJTuc., entre otras, sentencia N° 470 del 12/6/1997; cc. N° 1220 del 25/11/2008). En ambos precedentes ha sido subrayado que la garantía de la defensa en juicio en materia penal no se reduce al otorgamiento de facultades para el ejercicio del poder de defensa, sino que se extiende ‘a la provisión por el Estado, de los medios para que el ejercicio al que se refiere el art. 18 de la C.N. se desarrolle en paridad de condiciones respecto de quien ejerce la función pública, y quien debe soportar la imputación, mediante efectiva intervención de la defensa’” (cfr. C.S.J.Tuc. in re “Alderete, Marcelo Bernardo s/ Atentado y resistencia a la autoridad”, sentencia N° 572 del 9 de agosto de 2010).

Manteniendo esa orientación, la situación de indefensión denunciada por Ángel Eduardo Díaz requería un análisis suficientemente circunstanciado y preciso, dado que el derecho de defensa no se resguarda con la sola presencia de un abogado defensor, siendo imprescindible que ese letrado brinde un acompañamiento técnico apropiado y obre con la diligencia necesaria para que se respeten las garantías inherentes al debido proceso y los restantes derechos del encartado, todo lo cual constituye materia a controlar por los órganos jurisdiccionales competentes.

Que, en consecuencia, en función de lo hasta aquí expuesto y a fin de preservar la salud de los imputados, sus defensores, de los integrantes del Ministerio Público Fiscal y de los integrantes del Tribunal, entiendo que corresponde disponer la celebración del juicio oral y público en el marco de las presentes actuaciones por intermedio de la plataforma “zoom”, debiéndose coordinar por Secretaría las cuestiones atinentes a la conexión de los intervinientes.

Se ha invocado argumentos y razones para fundar la nulidad de la decisión de la Sra. Jueza en razón de que la misma habría infringido el principio acusatorio al haber producido e introducido información subsidiando a la intervención del Ministerio Publico con lo cual asumió el rol de una de las partes, circunstancias que la norma, conforme cita la Defensa, procesal y constitucional no lo permite.

No le corresponde al magistrado producir ni introducir información en subsidio de la intervención de ninguna de las padres, no corresponde al rol del juez producir información, esto viola claramente el principio acusatorio y por tanto la decisión que adopte el juez en base a la decisión que el propio juez gestiona e introduce deviene claramente nula, esta nulidad se deriva de la aplicación de los Art. 140; 138 inciso 2 subinciso B, Art. 3 inciso 3; Art. 1 del Código procesal penal de Tucumán como as también hay una afectación de los Art. 6; 10; 14 y 16 de la Ley provincial N° 9119 y los Art. 18; 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.

Le asiste la razón también al Sr. defensor en cuanto a la eventual revocación de la decisión que había adoptado la Sra. Jueza como también entendemos que le asiste la razón en cuanto al argumento de que la Sra. Jueza no fundamento la decisión que había adoptado, no advertimos que haya sido debidamente fundada la decisión de la Sra. Jueza sino que no logramos encontrar razones que justifiquen la decisión de la revocación de la condicionalidad de la condena, entendemos que el recurso debe proceder en base al primero de los argumentos, el de la nulidad y en ese sentido se pronuncia el tribunal por la nulidad, declarando la nulidad de la decisión de fecha 28/12/2020 dictada en el caso “Veliz”.