La Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó en el mes de Agosto de 2021 una reseña jurisprudencial, con hipervínculos a los fallos que menciona, sobre el principio de congruencia.
RESUMEN
SUMARIO
“-Corresponde anular la resolución que declaró extinguida la acción penal (art. 59, inc. 3°, CP) por considerar que había operado el plazo de prescripción previsto en el art. 62 inc. 5° del C.P., en orden al delito de injurias –art. 110 C.P.-. En efecto, el a quo valoró que la denuncia original que motivó la interposición de la querella había tenido lugar el 27 de marzo de 2018, por lo que se había superado holgadamente el plazo de dos años estipulado por la norma citada, sin advertir que de momento, no existe un imputado individualizado en el marco del proceso. En efecto, al decidir la prescripción de la acción, se señaló que “... siquiera se ha logrado individualizar a ningún sujeto que, eventualmente, pudiera ser convocado en esos términos. (art. 428, CPPN)” (voto del juez Bruzzone al que adhirió el juez Días)
-El instituto de la prescripción, tal como se encuentra regulado en el derecho positivo, no extingue la acción penal en abstracto, sino en concreto y con respecto a persona determinada. Se trata de una causal personal de extinción de la acción. Mientras que la acción penal puede no subsistir por el transcurso del tiempo para un imputado, puede permanecer vigente para otros, a tal punto que, por ejemplo, la prescripción no se encuentra abarcada por el efecto extensivo de los recursos, pues la condición de su aplicación es que el motivo no sea exclusivamente personal (art. 441 CPPN). El modo en que se encuentra regulada la prescripción, así como sus consecuencias, lo corrobora. Así, conforme lo establece el artículo 336, inciso 1° CPPN, la prescripción conduce, como regla, al sobreseimiento, lo cual no es viable si la determinación de la vigencia de la acción no se realiza sobre la base de un individuo determinado. Pero además, resulta concluyente, la circunstancia de que el artículo 67, 6° párrafo, inciso “a”, CPPN, prevé como causal interruptiva de la prescripción “la comisión de otro delito” (voto del juez Bruzzone al que adhirió el juez Días)
-No resulta viable calcular la prescripción de la acción penal en ausencia de un imputado individualizado, pues no es posible determinar si el curso de la prescripción se ha visto interrumpido, así como tampoco ello permite aplicar la consecuencia necesaria del fenecimiento de la acción, es decir, el sobreseimiento (voto del juez Bruzzone al que adhirió el juez Días)
RESUMEN
La determinación de la Capacidad Penal de una persona (o capacidad psíquica para cometer delitos), íntimamente relacionada con el constructo jurídico de la “Inimputabilidad”, siempre ha sido en prácticamente toda Latinoamérica motivo de discusión respecto a la incumbencia profesional de quien, desde el lugar de auxiliar del Derecho, debe realizarla.
El trabajo de Sergio Blanes Cáceres abordar qué se entiende por Capacidad Penal, qué normativas legales determinan su determinación, en qué constructos jurídicos se basa dicha determinación, y concluye que, desde hace ya años, los psicólogos forenses se encuentran plenamente capacitados para su evaluación.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza hizo lugar recurso de casación interpuesto por la Asesora de Menores. Consideró que excepcionalmente se le reconoce facultades recursivas en razón del interés superior del niñx y adolescente, la ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley 26.061.
La autora destaca la importancia del juicio por jurados en nuestro país y aborda la relevancia de las instrucciones que se brindan a lxs juradxs. En este sentido, analiza los estándares establecidos por la jurisprudencia internacional y nacional respecto a las instrucciones.