Indica la introducción del informe: En el año 2015 la Legislatura de Córdoba derogó el Código de Faltas y lo reemplazó por el Código de Convivencia Ciudadana, ley n° 10.326, poniendo en cabeza de funcionarios del Ministerio Público Fiscal la facultad/deber de investigar y juzgar administrativamente las contravenciones.

A su vez, la ley 10.327 otorgó al MPF la facultad de dictar normas prácticas para conocer y juzgar administrativamente las faltas, asignar la competencia territorial de los Ayudantes Fiscales y coordinar seminarios de formación para la correcta aplicación del Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba.

Desde entonces, el Ministerio Público Fiscal ha llevado adelante una serie de acciones y estrategias para implementar el CCC acorde al espíritu del nuevo instrumento normativo: gestionar conflictos de manera que contribuya a la convivencia pacífica, comprendiendo que la calidad democrática de una sociedad puede medirse, antes que por la existencia de orden, por el grado de efectividad con la que el Estado gestiona conflictos.

Un conflicto gestionado a tiempo por el sistema contravencional podría implicar un conflicto menos que debe gestionar el sistema penal. De allí la importancia de lo contravencional que implica un paso más en la construcción de un sistema integral de gestión de la conflictividad que tienda hacia el desarrollo de la sociedad. Por ello, el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2026 elaborado por la Fiscalía General estableció como objetivo estratégico desarrollar el subsistema contravencional.

Se presentan en este informe datos estadísticos sobre el funcionamiento de las Unidades Contravenciones de toda la Provincia y las acciones emprendidas por el Área de Coordinación Contravencional del Ministerio Público Fiscal durante el 2021. Este año estuvo marcado por la paulatina salida de las restricciones impuestas por la pandemia por Covid-19 y la vuelta a una nueva normalidad. No fue fácil, porque se arrastró el cansancio y estrés provocado por el primer año de pandemia, pero también fue un tiempo en el que se pudieron sortear los obstáculos y en el que se capitalizaron los aprendizajes.

Ello fue posible gracias al trabajo de las y los Ayudantes Fiscales de la Provincia de Córdoba y demás integrantes del Ministerio Público Fiscal comprometidos en ofrecer un servicio que garantice el acceso a la justicia como un derecho humano fundamental.

Desde el año 2015, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante OM-CSJN) elabora un registro de datos estadísticos de las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas1 de mujeres cis y de mujeres trans/travestis por razones de género. Para llevar adelante esta tarea, la OM-CSJN, requirió la colaboración de todas las jurisdicciones del país, las cuales desde entonces aportan la información relativa a las causas judiciales, las víctimas y los sujetos activos2 de femicidio para la elaboración del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA).

Se adjunta el informe y el resumen confeccionados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación