RESUMEN:
Una persona requirió a la Justicia de Salta que se eliminen todos los registros que contengan información de sus antecedentes penales incluyendo las empresas Google y Facebook y el Registro Nacional de Reincidencia. La Corte provincial determinó la incompetencia, al entender que cuando la información que se pretende eliminar está a cargo de un organismo del Estado nacional o consta en una base de datos de internet (red internacional) a la que se puede tener acceso desde cualquier lugar del país, como del mundo, la competencia es de la justicia federal.

Las condiciones personales de S. S. Hinojosa no encuadran en la hipótesis reclamada de prisión domiciliaria en tanto es madre de dos niños de 8 y 7 años y no cumple con algún otro de los requisitos. No obstante, ello no es determinante para la concesión del beneficio excepcional intentado, pues los jueces pueden acordar o rechazar conforme el estudio de cada caso en concreto (Sala IV, causa Nº 13.822/19/3, “Porzio”, rta. 25-6-2020).
Así, confrontados los riesgos procesales y aunque subsistan las circunstancias tenidas oportunamente en cuenta para justificar el rechazo de su excarcelación (ver resolución del 18 de julio pasado de la Sala de Feria A), cabe otorgar la alternativa de permanecer en una vivienda familiar para que ejerza el cuidado de sus hijos pequeños. Al menos en este caso, se exhibe razonable el primado de tal solución sobre la postulada conveniencia del encierro carcelario, en miras al derecho de los niños y las normas constitucionales (artículo 75, inciso 22, CN) en las que se sostiene el instituto.
En ese orden, los informes incorporados a este incidente revelan que a partir del suceso que se investiga en estas actuaciones el núcleo familiar se ha visto notablemente afectado, debiendo los niños permanecer al cuidado de su bisabuela materna M. B. Sánchez –una jubilada que reside en la misma casa que la imputada–. Además, cuentan únicamente con la colaboración de un tío paterno, que vive en el mismo complejo vecinal.

Juez homologa procedimiento abreviado de acuerdo pleno en una causa en el que hombre es imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por media violencia de género.
Entre las pautas de conducta se ordena: fijar residencia en localidad distinta a las establecidas, prohibición de acercamiento respecto del domicilio de la víctima, dos centro de capacitación y la escuela de los/as hijos/as, prohibición de contacto por cualquier medio de comunicación existente y turbación/hostigamiento por si y por terceros, entre otras medidas

Corresponde anular las resoluciones y notificaciones cursadas al imputado mediante correo electrónico y tenerlo por notificado en la oportunidad en la cual se presentó en la sede de la Defensoría Pública Oficial, se le informó el estado de la causa y se le hizo entrega de una copia de la resolución de esta cámara, pues más allá del valor que pueda otorgarse a los correos electrónicos cursados, lo cierto es que debe garantizarse su derecho de defensa en juicio. En este sentido, la notificación a una casilla de correo (diferente a la de su defensa técnica) impide descartar, de modo terminante, la existencia de las dificultades técnicas mencionadas por su asistencia técnica: acceso a la casilla, recepción del correo, visibilidad del archivo adjunto; e incluso que el mismo imputado haya omitido revisar su correo electrónico, en tanto no había asumido el compromiso de hacerlo y, esto es lo más relevante, carece de formación letrada para entender la trascendencia del acto. De este modo, la sentencia no quedó firme y tampoco corresponde convertir su excarcelación en libertad condicional (voto del juez Sarrabayrouse al que adhirió el juez Días).