RESUMEN:

El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas n° 15 de CABA, a cargo de la jueza Karina Andrade, ordenó la inmediata liberación de 114 personas detenidas en el marco de la «Marcha de los Jubilados», que tuvo lugar en la tarde y noche del 12 de marzo de 2025.

Sobre las detenciones
La decisión relata, en sus considerandos, el modo en que se desarrollaron las detenciones a lo largo de la tarde y noche del día de la marcha, y de cómo la información que arribaba al Juzgado por parte del Ministerio Público Fiscal y las fuerzas de seguridad se tornaba, progresivamente, más imprecisa y difusa: «[...] Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después». Las detenciones, según da cuenta el fallo, aumentaban en cantidad conforme avanzaba la hora, al tiempo que disminuía la información acerca de los motivos de la aprehensión.

Sin embargo, ninguna de las personas había sido aprehendida por delitos que involucrasen armas de fuego, lesiones o incendio de lugares públicos.

Sobre los derechos involucrados
La jueza fue clara en sostener que «[...] se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión», así como el rol socio-político clave de esas libertades, que «[...] adquieren especial relevancia un día como hoy en el que parte de la sociedad se expresa (se “moviliza”) en favor del ejercicio de la libertad de expresión de los integrantes de uno de los sectores más vulnerables de nuestra República, los adultos/as mayores».

La jueza también tomó en consideración la particular vulnerabilidad del colectivo de personas que peticionaba ante las autoridades –jubilados–, vulnerabilidad que ha sido reconocida y protegida por tratados internacionales con jerarquía constitucional. Así, señaló que «[...] los adultos mayores se encuentran específicamente protegidos en nuestra Constitución Nacional (art. 75 inc. 22) a través de la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada a la Carta Magna a través de la sanción de la ley 27.700 por el Congreso de la Nación».

Por otra parte, destacó el rol fundamental de los derechos constitucionales ejercidos en la construcción de una sociedad democrática y plural. Los derechos a la libre expresión y la protesta, explicó, permiten a la ciudadania dar a conocer sus ideas, opiniones y criticar y peticionar ante sus representantes. Así, se trata de derechos que robustecen el debate democrático, y merecen especial protección.

Límites al ejercicio de derechos y a su regulación
La jueza Karina Andrade explicó que, aun tratándose de derechos fundamentales y decisivos para la construcción política de la comunidad, ningún derecho puede ser ejercido de manera absoluta, en desmedro de otros derechos. Determinadas formas de ejercicio de esos derechos –independientemente de su legitimidad–, puede tornar ilícita la conducta; aunque las leyes que reglamentan el ejercicio de los derechos no pueden alterar su sentido o espíritu, ni tornarlos inoperativos.

En este punto la jueza retomó las ideas del reconocido sociólogo y constitucionalista Roberto Gargarella –quien ha estudiado largamente la cuestión de la protesta social– cuando sostiene que, si se socava la posibilidad de protestar y quejarse ante las autoridades de la ciudadanía, la democracia representativa corre riesgo de desaparecer y convertirse en una oligarquía o plutocracia. Por ello, una democracia no puede «darse el lujo» de restringir la protesta social, sino que debe protegerla y potenciarla, como forma de conocer la voluntad popular.

Sobre las irregularidades de las detenciones
El fallo es contundente al señalar que una «demora» de personas implica una restricción a la libertad ambulatoria que reviste entidad de privación de libertad en los términos del art. 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –con cita del caso «Torres MIllacura y otros vs. Argentina», de la CorteIDH–. Por tanto, toda «demora» supone una limitación a la libertad que debe ajustarse a la CADH y la legislación interna, por lo que –cuanto menos– debe: 1) registrarse toda detención en los documentos pertinentes; 2) identificarse con claridad las causas de detención; 3) identificarse quién realiza la detención y a qué hora, 4) identificarse la hora de puesta en libertad; 5) dejarse constancia de haber notificado al juez de instrucción competente.

Esos extremos, en el caso de las 114 detenciones realizadas durante la marcha, no se vieron cumplimentadas íntegramente por parte de las fuerzas de seguridad y justificaron la decisión de hacer cesar de inmediato todas las detenciones informadas.

En definitiva, el fallo no solo resuelve una cuestión concreta de privación de libertad, sino que sentó un precedente importante en la protección de los derechos fundamentales en el marco de la protesta social. La decisión asigna un lugar preponderante a la necesidad de garantizar el derecho a la manifestación, pero también resalta el rol del Poder Judicial en el control de legalidad de las detenciones. En su decisión, la jueza Andrade no pasa por alto que la protesta social es una herramienta clave para el ejercicio democrático, en particular cuando quienes se movilizan pertenecen a sectores especialmente vulnerables, como en este caso los jubilados. El estándar que propone es decisivo: no se trata de negar la posibilidad de regulación del ejercicio de estos derechos, sino de evitar que la discrecionalidad de las fuerzas de seguridad termine vaciando de contenido el derecho a manifestarse.
En ese orden, la jueza subraya la tensión entre orden público y democracia participativa: una sociedad democrática no solo debe tolerar la protesta, sino protegerla como parte de su funcionamiento. A su vez, y desde un punto de vista formal, no convalida detenciones irregulares y demuestra la necesidad de reforzar mecanismos de control para evitar que privaciones de libertad se transformen en una herramienta para desalentar el disenso social.

Un fallo imprescindible para la memoria y la justicia

El 24 de julio de 2008 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba dictaba una sentencia histórica en la causa contra Luciano Benjamín Menéndez y otros represores involucrados en el terrorismo de Estado. Se trató de un fallo clave para comprender el funcionamiento del aparato represivo durante la última dictadura y su impacto en las víctimas y en la sociedad.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier, Carlos Otero Álvarez y José Vicente Muscará; y condenó a Luciano Benjamín Menéndez y a otros exmilitares por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura argentina. Se los declaró responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado, todos ellos en concurso real​. Como resultado, Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Exequiel Acosta, Luis Alberto Manzanelli, Ricardo Alberto Ramón Lardone y Oreste Valentín Padován fueron condenados a prisión perpetua; mientras que Hermes Oscar Rodríguez, Carlos Alberto Vega y Carlos Alberto Díaz fueron condenados a 22 años de prisión.

En su sentencia, los jueces analizan con detalle el contexto en el que operaba el Tercer Cuerpo de Ejército, bajo el mando de Menéndez, y el modo en que se implementó un sistema sistemático de secuestro, tortura y exterminio. El fallo documenta la actuación del centro clandestino de detención “La Perla”, donde cientos de personas fueron privadas de su libertad, torturadas y, en muchos casos, desaparecidas. Entre las víctimas de este juicio se encuentran Humberto Horacio Brandalisis, Hilda Flora Palacios, Carlos Enrique Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo, todos ellos secuestrados, sometidos a tormentos y finalmente asesinados por las fuerzas represivas.

El fallo subraya la responsabilidad jerárquica de los acusados, estableciendo que estos crímenes fueron ejecutados como parte de un plan sistemático de represión estatal. Se los considera delitos de lesa humanidad, imprescriptibles y sujetos a las normas del derecho internacional. En este sentido, la sentencia reafirma principios fundamentales del proceso de justicia en Argentina, como el derecho a la verdad, la memoria y la no repetición.

Para resolver de ese modo, el tribunal rechazó también cuatro argumentos clave de la defensa. Así: i) desestimó un planteo de incompetencia, según el cual la causa no debía ser tramitada por ese tribunal y que el juicio era nulo; ii) rechazó la prescripción de la acción: reafirmó el carácter de delitos de lesa humanidad imprescriptibles, en línea con el derecho internacional​; iii) rechazó la inconstitucionalidad de las penas y del sistema penitenciario, destacando el rol que las penas cumplen en las funciones de justicia y prevención especial​; y iv) se desestimaron planteos acerca de la verosimilitud de las pruebas testimoniales, objetadas por posible influencia de la publicidad del juicio; para ello, el tribunal meritó las pruebas como consistentes y suficientes​.

A más de cuatro décadas de los hechos, este fallo es una pieza clave en la construcción de la memoria colectiva y en la consolidación del Estado de Derecho. Su lectura permite comprender no solo el horror de aquellos años, sino también la importancia de la lucha por la justicia.

Accedé al fallo completo y profundizá en sus fundamentos.

Por Carlos H. González Bellene

Lectura imprescindible de jurisprudencia de la CSJN

El último suplemento de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ofrece un recorrido esencial sobre cuestiones clave del derecho penal y constitucional a través de la recopilación de jurisprudencia en torno al art. 19 de la Constitución Nacional. En esta nueva entrega de la Secretaría de Jurisprudencia de la CSJN se analizan fallos seleccionados que permiten la aproximación de la Corte a aristas problemáticas de las garantías fundamentales vinculadas a la intimidad, la privacidad y la autodeterminación. Aquí repasamos los temas tratados en el suplemento que interesan especialmente al penalista.

Uno de los puntos destacados es el tratamiento de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, donde la Corte ha ido oscilando entre la protección de la autonomía individual consagrada en el artículo 19 de la Constitución y la posibilidad de intervención estatal cuando se advierte un riesgo para el orden público. Este análisis resulta central para quienes estudian la tensión entre libertad personal y política criminal.

También se aborda el derecho a negarse a una extracción de sangre en el marco de una investigación penal. El tribunal debate hasta qué punto la autonomía corporal puede ceder ante el interés estatal de esclarecer un delito, estableciendo criterios para la ponderación de principios en conflicto.

Otro aspecto de gran interés es la protección de la honra y el honor, en particular en el ámbito de la libertad de expresión y los límites de la censura. La Corte se pronuncia sobre los alcances de la tutela constitucional en casos donde la reputación de una persona ha sido afectada, delimitando el umbral entre daño legítimo y lesión ilegítima.

El suplemento también examina el derecho a conocer la verdad en relación con personas desaparecidas, reafirmando que el acceso a la información sobre estos crímenes constituye no solo una cuestión de interés individual, sino un derecho con implicancias colectivas que el Estado debe garantizar.

Asimismo, se analizan los derechos de las personas privadas de libertad frente a la censura de su correspondencia, resaltando cómo la inviolabilidad de la comunicación epistolar es una garantía que solo puede ser restringida bajo parámetros de razonabilidad y legalidad estricta.

Finalmente, el suplemento revisa la cuestión del reproche penal a los menores de edad, con extractos sobre la manera en que la Corte ha interpretado la responsabilidad penal juvenil a la luz de los principios de protección integral y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Este compendio de sumarios permite trazar una línea de continuidad y ruptura en la doctrina de la Corte, por lo que provee herramientas imprescindibles. Una lectura obligada para juristas y académicos que buscan comprender las claves de la evolución jurisprudencial en estas materias.

Accede al suplemento y profundiza en estos temas esenciales.

Por Carlos H. González Bellene