El presente informe elaborado en el marco del Programa de Cooperación entre América Latina y Europa sobre Políticas de Drogas (COPOLAD) y la Asociación Iberoamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), constituye una guía fundamental para la defensa técnica de mujeres criminalizadas por delitos menores de drogas. Con un enfoque específico en la perspectiva de género, el texto aborda la desproporción punitiva en estos casos y propone estrategias legales que permitan la aplicación de alternativas al encarcelamiento, asegurando que las decisiones judiciales se alineen con los estándares de derechos humanos y cuestionen los estereotipos de género presentes en el sistema penal.
A lo largo de sus distintas partes, el documento desarrolla el impacto diferencial de la criminalización femenina en delitos relacionados con drogas, resaltando las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad estructural que enfrentan estas mujeres. Se examina el rol de las políticas de drogas en el aumento del encarcelamiento femenino, la afectación de sus derechos fundamentales, y las consecuencias para terceros, como sus hijos y personas a cargo. Asimismo, se presentan herramientas para una defensa técnica eficaz que permitan contrarrestar la aplicación automática de la prisión preventiva y el uso de argumentaciones sesgadas en los procesos judiciales.
Subraya la importancia de un litigio con enfoque de género que no solo contemple la situación específica de las mujeres en conflicto con la ley penal, sino que también exija el control de prejuicios y estereotipos en la toma de decisiones judiciales. Se enfatiza que las defensorías públicas deben asumir un rol proactivo en la incorporación de estrategias de litigación que aseguren una justicia más equitativa y efectiva, reconociendo la intersección entre género, clase y etnicidad en la criminalización de las mujeres.
La difusión y entendimiento de este protocolo es crucial dado que contribuye al fortalecimiento del debate contradictorio en los procesos judiciales y promueve una interpretación normativa alineada con los principios de proporcionalidad y garantía de derechos. Su implementación permitirá avanzar hacia una práctica judicial más justa, en la que las defensorías públicas jueguen un papel determinante en la transformación de los paradigmas punitivos que afectan de manera desproporcionada a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Por Javier Trucco y Andrés Bacigalupo
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