El fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal “A., J. A. y otros s/nulidad” (Causa N° 81978/2018) resuelta el 20/9/19 donde Ricardo Pinto e Ignacio Rodríguez Varela confirmaron el auto del magistrado de la instancia de origen que rechazó la nulidad planteada respecto del acceso a la información contenida en los teléfonos celulares de los imputados por parte del personal de la Dirección de Inteligencia Informática de la Policía de la Ciudad. 

Explicaron que la manipulación del teléfono legalmente incautado para obtener una copia de los datos acumulados no constituye una pericia y por ello la omisión de notificar dicha manipulación no acarrea su invalidez, ello de conformidad con lo previsto por el art. 233 del CPPN. Agregaron que en el caso era "(...) factible recurrir al artículo 144 de la Ley 27.063 como pauta interpretativa, que regula el registro de un sistema informático o de un medio de almacenamiento de datos informáticos o electrónicos con el objeto de secuestrar los componentes del sistema, obtener una copia o preservar datos o elementos de interés para la investigación. Dicha diligencia no constituye un peritaje (regulado en el artículo 161 y sstes. del Código Procesal Penal Federal) ni exige notificación previa a la defensa. A la luz de ello, el contenido de los elementos que obran en el legajo debe ser interpretado como datos informáticos de índole documental, que la jueza de grado ordenó que sean incorporados a la causa. La interpretación que se realiza de la letra del código procesal pretende tener en cuenta los cambios sociales verificados desde la fecha en que se dictó la ley de forma, ya que los documentos, en tanto manifestaciones de la voluntad de las personas, en la actualidad se presentan –en una infinidad de situaciones– en las expresiones realizadas a través de la telefonía personal. En efecto, el artículo 6° de la Ley 25.506 define el concepto de documento digital como la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo, lo que también se ve reflejado en el artículo 77 del Código Penal –redacción conforme la Ley 26.388–. Se agrega al análisis que la norma citada en último término equiparó las comunicaciones electrónicas con las postales –tradicionales– al modificar los tipos penales de los artículos 153 y 155. Entonces, sea que se valore el caso como un examen de documentos, o bien como la copia y/o examen de comunicaciones personales (artículo 236, párrafo segundo, del texto adjetivo –normativa citada por el juez de grado que ordenó la medida– cuya validez tampoco está sujeta a la previa notificación de la asistencia técnica) lo actuado por la policía por disposición jurisdiccional (ver fs. 202 y 244) resultó un acto lícito y razonable para esclarecer la cuestión, sin afectación constitucional, en los términos del artículo 184, inciso 4°, y 233 del CPPN. Su realización por orden judicial elimina la necesidad de la verificación del requisito de la urgencia mencionado por los recurrentes, en tanto la operación no fue realizada en el contexto de una labor policial sin control del magistrado interviniente y en el ámbito de sus atribuciones ante la comisión de un delito, sino como órgano encargado de cumplir, en su rol de auxiliar, la directiva del juez natural de la causa. (...)".

Por último, rechazaron también el cuestionamiento relacionado con la "cadena de custodia" y señalaron que no se demostró un perjuicio concreto y real ni existió en el caso ninguna lesión al derecho de defensa, vinculándose los planteos de las partes a cuestiones de entidad probatoria que escapaban al análisis de la validez de los actos procesales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al país por la violación de la garantía del plazo razonable. Se trata del caso “Perrone y Preckel Vs. Argentina”.

Elba Clotilde Perrone y Juan José Preckel eran funcionarios de la Dirección General Impositiva (DGI), que fueron detenidos por agentes estatales durante la dictadura militar argentina en julio de 1976. Perrone permaneció en distintas dependencias policiales y militares, hasta octubre de 1982, cuando pasó al régimen de libertad vigilada; mientras que Preckel estuvo inicialmente detenido y luego viajó a Alemania en 1979 en calidad de exiliado, hasta su retorno en 1984.

Los trabajadores se reincorporaron a sus labores y presentaron reclamos administrativos por el pago de los haberes salariales y beneficios sociales, que fueron desestimados. Luego acudieron a la vía judicial, pero también le fueron rechazadas sus pretensiones.

En este escenario, la Corte IDH analizó el caso a la luz del acceso a un recurso adecuado y efectivo y con las debidas garantías procesales particularmente a través del deber de motivación y el plazo razonable.

Puntualmente, el Tribunal explicó que la Argentina ratificó la Convención Americana y aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana en 1984. Advirtió así la limitación temporal para evaluar hechos anteriores, por lo que los integrantes del Tribunal se pronunciaron sobre hechos autónomos posteriores, a la luz del alcance de los derechos reconocidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.

En primer lugar, la Corte analizó si existió una falta de motivación en las sentencias que quedaron en firme. Consideró que tanto el Tribunal de Alzada como la Corte Suprema de Justicia examinaron los hechos, alegatos y argumentos presentados por las partes sometidos a su conocimiento.

Concluyó, además, que las presuntas víctimas tuvieron acceso a un recurso judicial efectivo pues las autoridades competentes examinaron las razones invocadas por los demandantes y se pronunciaron respecto de ellas. De este modo, la Corte estimó que “no se acreditó la ausencia de debida motivación en las decisiones estatales”, y “no se configuró la responsabilidad internacional del Estado argentino por violaciones de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana”.

Asimismo, la Corte analizó la presunta responsabilidad por la violación a la garantía del plazo razonable. Al respecto, se examinó de manera conjunta los procesos administrativo y judicial, ya que el trámite de la reclamación administrativa era un presupuesto necesario para acudir a la vía jurisdiccional.

“(…) tomando en cuenta las características particulares del caso, esta Corte considera que la duración, por diez años y once meses en el caso del señor Preckel y más de once años, a partir de la ratificación de la Convención Americana y el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte por parte de Argentina, en el caso de la señora Perrone, del procedimiento administrativo y proceso judicial en su conjunto, excedió el plazo razonable de manera injustificada, en contravención del artículo 8.1 de la Convención Americana”, concluyó.

En el caso, las autoridades judiciales y administrativas conocieron, tramitaron y decidieron el fondo de las solicitudes, demandas y recursos interpuestos por las presuntas víctimas a lo largo de trece años y catorce días en el caso Perrone y diez años y once meses en el caso de Preckel.

“(…) tomando en cuenta las características particulares del caso, esta Corte considera que la duración, por diez años y once meses en el caso del señor Preckel y más de once años, a partir de la ratificación de la Convención Americana y el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte por parte de Argentina, en el caso de la señora Perrone, del procedimiento administrativo y proceso judicial en su conjunto, excedió el plazo razonable de manera injustificada, en contravención del artículo 8.1 de la Convención Americana”, concluyó.

En primera instancia, Aranguiz fue condenado a la pena de 4 años de prisión efectiva. Se impuso 1 año de prisión por un hecho cometido mientras estaba en "libertad asistida" en el marco de una condena anterior a 3 años de prisión efectiva (y se lo declaró reincidente).
La Jueza unificó ambas penas en 4 años y "revocó la libertad asistida" por lo que no le computó el tiempo cumplido bajo dicha modalidad.
La defensa apeló porque la segunda condena se dictó cuando la primera ya había vencido (criterio "Romano") y porque no está previsto en el Código penal ni en la ley de ejecución penal que la comisión de un delito durante una libertad asistida, tenga como consecuencia que no se compute el tiempo cumplido bajo dicha modalidad (esto es, no hay un símil del art. 15 CP).
La Cámara (con votos concordantes) confirmó con el argumento que sería violatorio del principio de igualdad que no se revocase la libertad asistida por comisión de un delito, frente al caso de quien comete delito durante la libertad condicional; además, en el caso no aplicaba el precedente Romano porque no podía interpretarse que la Corte nacional hubiese dicho que la unificación de penas no correspondía en "cualquier" supuesto de pena vencida. En disidencia, uno de los jueces de alzada consideró que debía revocarse la decisión judicial de primera instancia.
La defensa interpuso un recurso de inconstitucionalidad que fue declarado inadmisible y llegó a la Corte en queja. La Corte abrió la queja y más tarde declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad (05.11.2019).
Los agravios fueron: violación al principio de legalidad (no está en la ley prevista "ese" efecto de la revocación de la libertad asistida) y de excepcionalidad del derecho penal (no puede hacerse una interpretación extensiva en perjuicio del imputado/condenado).
Por unanimidad (voto preopinante del Dr. Gutiérrez), la Corte sostuvo que resultan "perfectamente trasladables" los fundamentos expuestos en el precedente "Ayala" (caso en el que la Corte provincial ratificó la doctrina sentada en "Romano" por la Corte nacional), máxime en supuestos como el de marras en que el legislador no ha previsto como consecuencia la imposibilidad de computar en el término de la pena, el tiempo que haya durado la libertad asistida (a diferencia de lo que ocurre con el art. 15 CP para la libertad condicional).