La Corte Suprema de Justicia de la Nación revoca sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires y reitera su criterio acerca de que la razonabilidad del plazo se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento -incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse-, hasta que se dicte sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo cual se agota la jurisdicción (Corte IDH, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, párr. 71; en igual sentido, TEDH, Casos Robins v. the United Kingdom, 23 Sept. 1997, §28; Silva Pontes v. Portugal, 23 Mar. 1994, §36; Di Pede v. Italy, 26 Sept. 1996, §32; Zappia v. Italy, 26 Sept. 1996, §§20-22; Bouilly v. France, 7 Dec. 1999, §§19-23; Pinto de Oliviera v. Portugal, 8 Mar. 2002, §26; Mocie v. France, 8 Apr. 2003, §§21-22)

-Es inadmisible el recurso de casación deducido por la querella contra la resolución que, mediante la suscripción de un acuerdo de juicio abreviado, condenó al imputado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación por la comisión del delito de homicidio culposo. Ello, pues la recurrente –que se había opuesto a la celebración del mencionado acuerdo- insiste en su pretensión inicial de que el caso sea resuelto mediante la sustanciación del debate oral y público, sin lograr identificar en ningún pasaje de su impugnación el yerro del tribunal oral al resolver de esa manera. Por el contrario, se limita a invocar un caso de arbitrariedad que omite precisar de qué modo de configuraría, sin cuestionar, ni siquiera mínimamente, algún aspecto de la condena, más allá de la modalidad elegida para arribar a su dictado (voto de los jueces Días y Morin)

- Habeas corpus.

- Magistrado que rechazo el planteo de quien accionara en representación de “la totalidad de las personas argentinas (…) que no p(ueden) ingresar a(l) país debido a la amenaza cierta e inminente de ser detenidas en los pasos fronterizos.

- Actuaciones en donde no se llevó a cabo ninguna medida para determinar, respecto de los representados, el efectivo interés en iniciar la acción, las razones ciertas de sus agravios y, particularmente, si mediaban cuestiones de salud, no siendo ni siquiera convocados a ratificar la presentación para comprobar la existencia de un acto lesivo actual que restrinja la libertad ambulatoria. Diligencias realizadas que no cumplen con lo requerido.

- Revocación