El procedimiento administrativo de la determinación de la deuda de oficio (art. 16 de la Ley 11.683) no constituye per se una etapa prejudicial que implique un condicionamiento de procedencia de la denuncia por delitos fiscales.
Desde la vigencia de la Ley 27.446 los documentos oficiales electrónicos firmados digitalmente que utiliza el sector público, y por ende la AFIP, tienen idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel.