RESUMEN:
La cámara rechazó la acción colectiva de amparo interpuesta por una asociación civil con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de diversas normas que habían dispuesto la reasignación presupuestaria de recursos destinados a garantizar derechos humanos básicos de niños y niñas. Contra dicho pronunciamiento, la actora dedujo recurso extraordinario federal.
La Corte dispuso dar intervención al Defensor General Adjunto de la Nación, que asumió la representación complementaria de los menores y quien, al contestar la vista conferida, observó que no se había dado intervención al ministerio pupilar en ninguna de las instancias del proceso y por ello se había privado a los menores de gozar de su asistencia y representación, restringiendo indebida y gravemente su derecho de defensa en juicio.
Resolvió entonces el Tribunal que, ante la omisión de intervención del defensor en las decisiones dictadas antes del recurso planteado ante su instancia, se declare la nulidad de todo lo actuado a partir de la contestación de la demanda.

RESUMEN:
El actor, por derecho propio y en representación de una asociación, promovió acción de amparo a fin de que se declare la inconstitucionalidad "integral" del decreto 70/2023. Luego de su rechazo en las anteriores instancias interpuso un recurso extraordinario que fue desestimado por la Corte.
El Tribunal entendió que el apelante no cumplió con el requisito de fundamentación autónoma por no refutar la conclusión central del pronunciamiento recurrido referido a que ni él personalmente, ni la asociación que preside, poseen un interés concreto o sustancial en la declaración de inconstitucionalidad del DNU. Consideró que el recurso no explicó de qué modo la aplicación de ese decreto les causa una afectación personal, diferenciada de la que, por hipótesis, podría recaer sobre el resto de la población.
Recordó que la existencia de "caso" presupone la de "parte", esto es la de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso. Es decir, para que exista un caso es imprescindible que quien reclama tenga un interés suficientemente directo, concreto y personal —diferenciado del que tienen el resto de los ciudadanos— en el resultado del pleito que propone, de manera que los agravios que se invocan lo afecten de forma "suficientemente directa" o "substancial".
Agregó que los tribunales federales no han sido investidos por la Constitución de la facultad de analizar la constitucionalidad de normas o formular interpretaciones de ellas en abstracto, lo que impide pronunciamientos meramente teóricos o consultivos.

RESUMEN:
La Provincia de La Rioja promovió una demanda declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objeto de poner fin al estado de incertidumbre derivado –según alegó– de la manifiesta inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 70 /2023, publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre de 2023.
La Corte rechazó in limine la demanda promovida. Para resolver de ese modo consideró, entre otras razones, que el control encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa requiere inexorablemente de la existencia de un "caso" donde se debata la determinación de un derecho entre partes adversas, fundado en un interés específico, concreto y atribuible en forma determinada al litigante.
En tal sentido recordó que una demanda declarativa solo da lugar a una causa o caso contencioso si la parte actora pone a decisión de la Corte una controversia de intereses actual y concreta, no meramente posible o hipotética.
En concreto, consideró el Tribunal que, en la causa, la demanda no ha definido ningún interés propio de la provincia (como persona jurídica diferenciada de sus vecinos) que se encuentre afectado de manera actual y concreta.
Por último también desestimó por improcedente el intento de fundar la legitimación activa en el artículo 128 de la Constitución. A tal fin consideró que, cualquiera sea la interpretación que se adopte de dicha norma, ella no puede conducir a una disolución de los presupuestos establecidos en la misma Constitución para habilitar el ejercicio de la atribución jurisdiccional de la Corte y de los demás tribunales federales.

RESUMEN:
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley formulado por la defensa y restableció el veredicto de no culpabilidad del jurado respecto de los acusados.

Antecedentes del caso: El Tribunal en lo Criminal n° 3 de Mar del Plata -integrado por un jurado popular- dictó, el 17 de septiembre de 2021, veredicto de no culpabilidad respecto de los acusados del caso. Posteriormente, a raíz de la queja interpuesta por el particular damnificado ante el Tribunal de Casación (tras la declaración de inadmisibilidad de la vía casatoria), la Sala III del TCP, el 23 de diciembre de 2021, declaró admisible la queja presentada, dispuso la anulación del juicio y del veredicto de no culpabilidad dictado por el jurado y devolvió jurisdicción al tribunal en lo criminal a efectos de que se convoque a otro jurado y se renueven los actos necesarios para la realización de un nuevo debate.
La defensora particular de Lucas Pitman, doctora Noelia E. Agüero, y Tomás Agustín Jaime y Juan Cruz Villalba, por derecho propio, con el patrocinio de los doctores Martín Nicolás Bernat y Marcelo Gabriel Giménez, dedujeron recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, los cuales fueron declarados inadmisibles por el tribunal intermedio por resolución del día 4 de octubre de 2022. No obstante, interpuestas las respectivas quejas, la Suprema Corte por decisión del día 29 de junio de 2023 las admitió.
Finalmente, la SCBA hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Se destacan los siguientes fundamentos:

• El fallo de la SCBA advierte el déficit de la decisión casatoria por cuanto abrió su competencia e ingresó al análisis de los agravios soslayando la consideración del planteo de inconstitucionalidad de la normativa que imposibilita la impugnación del veredicto de no culpabilidad del jurado como así, prescindió del antecedente de la SCBA sobre la materia (P 130.555 sent. 11-VIII-2020)
Del voto de la Dra. Kogan: “(…) el primer déficit que se advierte en la decisión casatoria radica en que dicho tribunal abrió su competencia e ingresó al análisis de los agravios a contramano de la técnica propia de la vía directa articulada. (…) Nótese que tanto los particulares damnificados, así como la Asesora de Incapaces (quien presentó un escrito por el cual adhirió a los particulares damnificados, lo cual, no encuentra amparo en el art. 428, CPP), pretendían -como paso lógicamente previo y necesario- la declaración de inconstitucionalidad del juzgamiento por jurados en supuestos como el aquí acontecido y cuestionaban la normativa local que les impide impugnar, lo cual fue decidido de manera adversa por el juez de la instancia. (….) El Tribunal de Casación, soslayó cualquier consideración al respecto -sin que quepa estimarlo resuelto de manera implícita- al tiempo que prescindió del reciente antecedente de esta Corte en la materia (v. lo resuelto en causa P. 130.555, sent. de 11-VIII-2020 en la que se desecharon cuestionamientos sobre el desapego constitucional de la imposibilidad legal de impugnar la decisión de no culpabilidad del juicio por jurados).”

• En cuanto al abordaje de la afectación del ne bis in ídem, la SCBA destacó el rendimiento amplio que la Corte Suprema le ha otorgado a esa garantía para lo cual, citó los distintos pronunciamientos del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación.
A su vez, citó jurisprudencia de los Estados Unidos para establecer su alcance en el sentido de que una vez que el jurado se encuentra reunido y se le ha tomado juramento, la garantía en cuestión comienza a regir, como así el último fallo dictado por la Corte norteamericana sobre el tema en el cual sostuvo que "el jurado tiene un poder irrevocable para emitir un veredicto de no culpabilidad incluso por razones inadmisibles" ("McElrath v. Georgia", 601 U.S. -del año 2024-).
Finalmente, estableció que el sistema del legislador de la provincia de Buenos Aires resguarda el ne bis in idem a partir de impedir toda impugnación contra el veredicto de no culpabilidad del jurado. Sostuvo que este diagrama legal rompe con una tradición de bilateralidad recursiva heredada del derecho continental europeo.
Del voto de la Dra. Kogan: “I. Como primer punto corresponde destacar que el recurso fue admitido a los efectos de abordar la afectación del ne bis in idem que, a criterio de la defensa, generó la declaración de nulidad por parte de Casación del veredicto de no culpabilidad dictado oportunamente por el jurado. (…) Es decir que, la Corte Suprema le ha otorgado a la cláusula en examen una inteligencia holgada, con base en el derecho anglosajón, y a su par norteamericana, interpretando que la protección al ciudadano no solo abarca la imposibilidad de ser condenado más de una vez por el mismo hecho sino de ser expuesto a un doble riesgo de que ello ocurra. Justamente esta Suprema Corte ha tenido oportunidad de explicar el rendimiento amplio que la propia Corte federal le ha otorgado a la garantía del ne bis in ídem. (…) En definitiva, en el sistema comparado al que estoy haciendo referencia, se ha interpretado que, una vez que el jurado se encuentra reunido y se le ha tomado juramento, la garantía en cuestión comienza a regir (doctr. establecida a partir del precedente "Green v. United States", 355 U.S. 184 -del año 1957-, ratificado como obligatorio para todos los Estados en "Crist v. 18 Bretz", 437 U.S. 28 -del año 1978-) y, una vez emitido, el veredicto de absolución del jurado es inviolable y no puede ser revisado aun cuando se pueda creer razonablemente que se basó en un error (v. "Fong Foo v. United States", 369 U.S. 141 -del año 1962-). Aspecto que recientemente la Corte norteamericana ratificó al sostener que "el jurado tiene un poder irrevocable para emitir un veredicto de no culpabilidad incluso por razones inadmisibles" ("McElrath v. Georgia", 601 U.S. -del año 2024-). (…) En síntesis: el sistema implementado por el legislador provincial bonaerense resguarda el ne bis in idem a partir de impedir toda impugnación contra el veredicto de no culpabilidad del jurado. Es evidente que este diagrama legal rompe con una tradición de bilateralidad recursiva heredada del derecho continental europeo, al tiempo que modifica el esquema de impugnación que paulatinamente se le fuera reconociendo a la víctima en el proceso penal. Y, en consecuencia, es aceptable que ello -sobre todo cuando involucre temáticas tan sensibles como la del presente caso- propicie el debate de lege ferenda en los ámbitos idóneos (académicos y legislativos, con intervención de los actores sociales involucrados, conf. mi voto en causa P. 130.555, cit.). Por el contrario, no lo es, que una decisión judicial ponga en jaque una garantía penal de los acusados, desconociendo la autoridad de una norma legal -que no ha sido reputada inválida- del derecho vigente (art. 371 quater inc. 7, CPP).

• Finalmente, acerca de la nulidad declarada por el Tribunal de Casación, la SCBA pone de resalto que la decisión del Tribunal revisor no contó con una motivación idónea: no analizó si la nulidad había sido convalidada tampoco, verificó la existencia del potencial conflicto con un principio de protección del imputado (ne bis in ídem) y omitió describir el perjuicio concreto.
Del voto de la Dra. Kogan: “El pronunciamiento ahora atacado hizo hincapié en la denuncia relativa a que "todos los actos realizados durante la audiencia de debate, y en especial, la declaración testimonial de la víctima menor de edad, fueron desarrollados sin la intervención de la Asesora de Menores e Incapaces, a quien el Tribunal le negó su participación en el proceso pese a la férrea protesta e impugnación de la representante minoril, colocando a la niña en una situación de vulnerabilidad" (…)
Esa tarea no fue desarrollada por el Tribunal de Casación. En efecto, no se analizó si la intervención de la Asesora de Incapaces en el rol asignado por el juez técnico (que sería, la actividad procesal "defectuosa") P-137668-Q 25 fue convalidada por su propia conducta, por la de la fiscalía o incluso si esta consintió sus efectos. Análogamente tampoco se verificó la existencia del potencial conflicto con un principio de protección del imputado (para el caso, el ne bis in idem, dada la centralidad que representa el debate oral en el sistema de jurados). Solo se afirmó que se habría tratado de una "nulidad de carácter general". Sin embargo, se omitió describir el perjuicio concreto, esto es, ilustrar respecto de las preguntas y/o comentarios indebidos que se hayan suscitado durante la declaración y respecto de los cuales la Asesora -bajo el rol de "observadora"- no habría podido oponerse, o indicar cuáles consejos o advertencias no pudo poner de manifiesto; entre muchas otras que podrían haberse indicado. Se advierte entonces que la decisión de Casación -por fuera de lo dicho en los anteriores puntos no contó con una motivación idónea.”