RESUMEN:
Fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que confirma la sentencia del a quo que declaró la incompetencia territorial a favor del Juzgado en lo Penal con asiento en la ciudad de Córdoba, sobre la base de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que entiende que tanto el lugar donde se desarrolla el ardid propio de la estafa como aquel en el que se verifica la disposición patrimonial deben ser tenidos en cuenta para establecer la competencia en razón del territorio, conforme a razones de economía procesal.

RESUMEN:
Los propietarios de un inmueble pidieron la declaración de inconstitucionalidad de las normas que declararon su predio como "Reserva Natural Protegida" prohibiendo los loteos o construcciones y permitiendo únicamente un uso turístico y peticionaron el pago de una indemnización.
Ante el rechazo del reclamo por parte del superior tribunal provincial interpusieron un recurso extraordinario.
La Corte dejó sin efecto la sentencia apelada con base en la doctrina de la arbitrariedad. Señaló que si bien las restricciones administrativas no justifican por sí solas el derecho a la indemnización, ello no puede significar desnaturalizar el derecho de propiedad a tal punto que impida completamente su ejercicio. Concluyó así que esta declaración de reserva natural sobre el predio de los actores ostentaba un carácter y una extensión tales que desnaturalizaban el ejercicio del derecho.
Asimismo, puso de resalto que Los actuales procesos de cambio que viven nuestras sociedades se manifiestan territorialmente en una creciente competencia y conflictividad entre diversos usos del suelo. Ello es particularmente notorio en el ámbito urbano, en el cual el equilibrio ambiental constituye una de las cuestiones más desafiantes para lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean “inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” como fue delineado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.