Violencia, niñez y crimen organizado (informe de la CIDH)

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta un informe regional sobre la violencia y otras vulneraciones a derechos de las que son víctimas las niñas, niños y adolescentes en contextos en los cuales opera el crimen organizado y grupos violentos o dedicados a actividades delictivas. El informe identifica los principales factores que inciden en que esta sea la región con los mayores índices de violencia en el mundo y se centra, fundamentalmente, en analizar el modo en cómo las niñas, niños y adolescentes se ven afectados por diversas formas de violencia en sus comunidades, en particular por actos procedente de personas vinculadas a grupos delictivos aunque también por acciones de agentes del Estado. 

Las condiciones de inseguridad y la violencia son importantes factores de preocupación en la región que conllevan graves vulneraciones a los derechos humanos de las personas. La opinión pública con frecuencia asocia estos contextos con los adolescentes, a quienes responsabiliza en gran medida por el clima de inseguridad que se vive en muchas comunidades. La atención se centra especialmente en los adolescentes varones de los barrios pobres y periféricos, que pertenecen a grupos tradicionalmente excluidos y discriminados, quienes cotidianamente son estigmatizados y señalados como “potenciales peligros sociales” que deben ser controlados. Sin embargo, tal y como la CIDH lo expone en el informe, la realidad difiere de estas percepciones y es mucho más compleja. Las niñas, los niños y los adolescentes de hecho representan uno de los grupos más afectados por diversas formas de violencia y vulneraciones a sus derechos, así como por el actuar del crimen organizado y por las políticas de seguridad ciudadana de carácter represivas.

Los habitantes de algunas comunidades sufren con mayor intensidad el flagelo de la violencia. Las zonas especialmente afectadas son los barrios menos desarrollados, con acceso limitado a servicios básicos, falta de oportunidades y con una escasa implantación del Estado. Son zonas con población en situación de vulnerabilidad que no tienen garantizados sus derechos debido a situaciones estructurales de marginación y exclusión social. Estos factores facilitan el surgimiento y la expansión de grupos que se dedican a cometer delitos y de organizaciones criminales. En adición, los importantes réditos económicos asociados al mercado ilegal de las drogas han contribuido de modo destacado a la expansión de grupos criminales que compiten por este mercado y sus beneficios, lo cual ha desencadenado espirales de violencia por enfrentamientos entre grupos criminales y con las fuerzas de seguridad del Estado. El fácil acceso a las armas de fuego, y el elevado número de ellas en manos de particulares, contribuyen a agravar el clima existente de inseguridad y la violencia.

En el informe la CIDH constata con profunda preocupación que las condiciones en las que viven las niñas, niños y adolescentes en estos contextos pueden llegar a ser abrumadoras. Muchos de ellos sufren situaciones de violencia, abuso y negligencia en sus hogares, comunidades y escuela, por parte de adultos, de sus pares e incluso de la policía. La calidad educativa es deficiente y existen muchos obstáculos para el acceso a niveles de educación superior asicomo para acceder a oportunidades laborales y a un empleo digno. Muy a menudo los niños y los adolescentes sufren presiones, amenazas o engaños para que colaboren con estas organizaciones; otros adolescentes se acercan a estos grupos en búsqueda de oportunidades, reconocimiento, protección y sentido de pertenencia, aspectos que de otro modo no consiguen obtener. Una vez dentro de estas estructuras son utilizados y explotados por los adultos para una amplia gama de acciones, desde la vigilancia, el traslado y venta de drogas, robos, extorsiones, secuestros, así como para la realización de otras actividades violentas relacionadas con el mantenimiento de los intereses de los grupos criminales. Las niñas y las adolescentes, en particular, son las principales víctimas de violencia sexual y de la trata con fines de explotación sexual. Los adultos los usan como elementos descartables e intercambiables en las estructuras criminales, el último eslabón de la cadena, siendo la edad promedio de captación a los 13 años. 

Las respuestas de los Estados frente a estos desafíos se basan primordialmente en políticas fuertemente centradas en los aspectos de control coercitivo por las fuerzas de seguridad y de represión punitiva a través del sistema penal. El común denominador de las estrategias de seguridad en la región ha sido la atribución de mayores competencias a las fuerzas de seguridad del Estado aunada a una progresiva militarización de la policía y sus operativos así como a la participación del ejército en acciones de seguridad ciudadana.

Sin embargo estas estrategias no han contribuido a reducir significativamente el clima de inseguridad, por el contrario, muchos países han experimentado un recrudecimiento de la violencia además de reportarse abusos, arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. En el presente informe la CIDH muestra su preocupación por las elevadas cifras de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y de la fuerza letal, tratos crueles, inhumanos y degradantes, inclusive ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, así como la lentitud en su investigación y el nivel de impunidad en que quedan estos actos. Debido al estigma social hacia algunos adolescentes de determinados grupos sociales, éstos son frecuentemente las víctimas de estos abusos y arbitrariedades. Entre las situaciones detectadas, la CIDH ha observado que la aplicación del delito de “asociación ilícita” o de “pertenencia a grupo criminal” ha incrementado el número de detenciones arbitrarias de adolescentes en base a su apariencia y a la creencia que puedan pertenecer a una mara o a una agrupación criminal, sin que existan evidencias de la comisión de un delito. Las actuales políticas de drogas también han contribuido a elevar el número de niños y adolescentes privados de libertad por delitos de micro-tráfico y posesión de pequeñas cantidades de drogas. En varios países de la región se observa una sobrerrepresentación de los adolescentes pobres, afrodescendientes y los pertenecientes a minorías, entre las personas detenidas por la policía. La persecución de los delitos de “asociación ilícita” y de los delitos de drogas han conllevado además a que en la práctica se haya elevado el número de detenciones preventivas y su duración debido a la saturación del sistema judicial.

Por otro lado, los Estados de la región priorizan las respuestas retributivas y penalizadoras hacia los adolescentes en conflicto con la ley penal, siendo el encierro la medida más extendida. La respuesta de los Estados se ha caracterizado por propuestas de reducción de la edad de responsabilidad penal para los adolescentes, en algunos casos desde los 12 años, y el alargamiento de las penas. En la práctica puede implicar que aquellos pasen encerrados toda su adolescencia, fase crucial para su formación, crecimiento y desarrollo personal. A lo anterior se le agrega que los centros de privación de libertad, los cuales mayoritariamente se encuentran en condiciones alarmantes en términos de seguridad, salubridad y hacinamiento, se han convertido en factores adicionales de vulnerabilidad y de exposición a la violencia y al crimen para los adolescentes, lo cual solo lleva a profundizar y robustecer el problema que se busca solucionar. La CIDH reitera en el informe que las medidas tendientes a responsabilizar a los adolescentes por sus actos deberían basarse principalmente en un modelo de justicia restaurativa y medidas socio-educativas que tenga como objetivo la rehabilitación y la reinserción social del adolescente.

A juicio de la CIDH, las actuales políticas buscan mostrar resultados a corto plazo pero no logran abordar adecuadamente las causas estructurales ni se enfocan suficientemente en la prevención, o en programas de inversión social y promoción de derechos. Son políticas que no toman en cuenta las consecuencias específicas de estos contextos para los y las adolescentes quienes se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad y desprotección que los expone a ser captados y utilizados por el crimen organizado, a vincularse a actividades violentas y delictivas, y a ser víctimas de ellas.

El informe concluye con una serie de recomendaciones a los Estados para hacer frente a la violencia y la inseguridad a través de políticas públicas que tengan un carácter integral y holístico y que consideren la centralidad de los derechos humanos y garanticen efectivamente la vigencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.