El autor reflexiona sobre las atribuciones de la comisión investigadora parlamentaria, creada por el Senado de Brasil, que tiene por objeto investigar si hubo algún error o irregularidad por parte del Ejecutivo Federal en la conducción de las acciones para enfrentar la actual crisis de salud, al aprobar medidas que tensionaron el secreto telefónico y telemático de dos ex. ministros, de un empresario y otras 17 personas, decisión ya impugnada ante la Corte Suprema.
La cuestión, por tanto, es delimitar exactamente las facultades de investigación de una comisión investigadora parlamentaria en el sistema normativo constitucional brasileño, especialmente cuando se trata de la promulgación de una medida invasiva, como la mencionada violación de la confidencialidad.
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