En la era de la Big Data, el acceso estatal a los teléfonos celulares plantea un dilema fundamental entre la búsqueda de la verdad y la protección de la intimidad personal. La creciente capacidad de los gobiernos para acceder a los datos personales almacenados en dispositivos digitales, bajo el pretexto de seguridad y justicia, desafía los principios básicos de privacidad y autonomía consagrados en las democracias modernas. La privacidad individual, respaldada por normas nacionales e internacionales, enfrenta nuevos desafíos cuando se trata de permitir o restringir el uso de datos biométricos para desbloquear dispositivos en investigaciones penales.
El artículo aborda los diferentes enfoques normativos y jurisprudenciales en relación con el desbloqueo de teléfonos celulares mediante datos biométricos del imputado, diferenciando entre los aportes voluntarios y los compulsivos. Mientras que algunos argumentan que la provisión forzada de datos biométricos no viola la prohibición contra la autoincriminación forzada, otros consideran que dicha acción representa una forma de autoincriminación y, por tanto, debería estar protegida por derechos fundamentales. Se discuten casos específicos en Argentina y Estados Unidos, donde la jurisprudencia ha variado en su tratamiento de este tema, reflejando una falta de consenso y la necesidad de una regulación más clara y precisa.
Finalmente, el texto propone una revisión de las leyes procesales penales para abordar adecuadamente estos desafíos legales y éticos en la era digital. Se sugiere que se establezcan normas que definan claramente las condiciones bajo las cuales se pueden utilizar los datos biométricos y se limiten los hallazgos fortuitos durante las investigaciones digitales. Esto es fundamental para garantizar que los principios de dignidad humana y autonomía personal no se vean comprometidos en la búsqueda de la verdad judicial, equilibrando así la necesidad de seguridad pública con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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