Esta investigación cuestiona las relaciones entre la criminalidad organizada y la violencia letal, a partir de datos generados por el Observatorio de Homicidio del Instituto Igarapé. En una primera parte, compara las tasas de homicidio de diferentes regiones y países en los cuales hay presencia activa del crimen organizado. Allí, se busca identificar aquellos factores que marcan una diferencia entre lo que sucede en Latinoamérica y el resto del mundo, con énfasis en la violencia letal producida por las armas de fuego y los bajos niveles de resolución judicial.
En una segunda parte, se examina cómo las redes criminales explican el aumento y la reducción de la violencia homicida. La tercera sección, analiza el impacto de las intervenciones del Estado para combatir y contener la delincuencia organizada y las pandillas, resaltando las consecuencias negativas que han tenido los enfoques excesivamente opresivos.
Una conclusión clave es que las medidas de reducción de la violencia no pueden ser exitosas a menos que se establezca la autoridad legítima del Estado en un marco de protección de los derechos fundamentales.
Para Juan Carlos Garzón, autor de la investigación, "el nexo entre la delincuencia organizada y la violencia no ocurre en el vacío, sino en el marco de Estados débiles o en algunos casos inexistentes, con instituciones que son disfuncionales o que han sido cooptadas por facciones criminales".
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