el
presente trabajo analiza la incorporación de capitales que provienen
de la comisión de delitos base de lavado de activos en la economía
local, mediante mecanismos legales de inversión extranjera, y que se
someten al régimen de protección del arbitraje internacional. Los
referidos capitales pueden ser objeto de persecución penal por parte
de los órganos nacionales con competencia en materia penal cuando
exista evidencia de su origen ilícito, y el inversionista, sea
persona natural o jurídica, puede interponer demandas ante los
tribunales del CIADI para que el órgano arbitral se pronuncie acerca
de las medidas adoptadas por el Estado anfitrión. Esta investigación
indaga en las facultades que tiene los árbitros precisamente para
analizar y en su caso ponderar el ejercicio de la acción penal
pública por parte de las autoridades nacionales, cómo ello puede
interferir en una inversión y qué efecto puede tener en el
arbitraje.
Doctrina
Abr
05
2016
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