Con base en el material empírico disponible, el documento aborda la situación de las condenas breves durante las últimas dos décadas, en el contexto de privación de la libertad en Argentina.
Propone dimensionar la evolución histórica de la población encarcelada en establecimientos penitenciarios y condenada a penas cortas, es decir de hasta tres años de prisión. De acuerdo con el art. 26 del Código Penal de la Nación, los tribunales están facultados a disponer que estas penas sean de ejecución condicional, bajo cumplimiento de ciertas condiciones, excepto cuando la persona registre condenas anteriores. En este informe se abordan los casos en que los tribunales deciden no eximir del cumplimiento efectivo, aquellos en los que la privación de la libertad resulta del incumplimiento de las condiciones de la pena condicional y aquellos en los que no es procedente la suspensión de la pena. En términos generales, se trata de delitos de escasa o nula violencia, como hurto, robo simple, estafa y defraudación, daños, lesiones, encubrimiento, infracciones a la ley de drogas, entre otros.
Entre 2002 y 2022, la porción de personas privadas de su libertad con penas cortas sobre el total de la población condenada escaló de 5,5% (980 personas) en 2002 a 13,5% (8296 personas) en 2022, siendo una tendencia que se observa en todas las jurisdicciones. Mientras que las cifras de condenados/as se triplicaron en veinte años, el grupo con penas cortas en la actualidad es ocho veces mayor que dos décadas atrás.
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