Informe de International Drug Pollicy Consortium
En todo el mundo, los gobiernos recurren a sistemas de justicia penal para responder a temas complejos en la sociedad que a menudo tienen sus raíces en la pobreza, traumas, racismo y otras formas de discriminación y desigualdad. En la mayoría de los países, las leyes en materia de drogas destacan por su aplicación rígida, la imposición de severos castigos, sentencias desproporcionadas, e impactos estigmatizantes y discriminatorios. A menudo la criminalización de las personas que usan drogas es impulsada por la meta de una “sociedad libre de drogas”, y ha constituido una pieza central de las políticas y la retórica de la “guerra contra las drogas”. Sin embargo, los gobiernos que han adoptado políticas y campañas punitivas sobre drogas han fracasado en su meta de erradicar el uso y la dependencia a estas sustancias, y tales políticas han tenido consecuencias desastrosas. Los resultados se aprecian en las prisiones abarrotadas; la existencia permanente de centros de privación de libertad (incluyendo aquellos que operan con el argumento de la “rehabilitación por abuso de drogas”); la exacerbación de la pobreza en comunidades afectadas; los servicios de salud y apoyo social inadecuados e infradotados, mientras que fluyen recursos para el castigo y el patrullaje; el estigma, la marginalización y satanización de las personas que usan drogas, que obstaculizan su acceso al apoyo y los servicios que podrían necesitar, incluyendo atención de salud, educación, vivienda y empleo; y una creciente incidencia de consecuencias adversas en salud que se podrían prevenir, entre
estas las muertes por sobredosis y la alta prevalencia del VIH, hepatitis viral y tuberculosis.
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