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Anteproyecto de Ley elaborado por el Ministerio de Igualdad de España, que cambia el paradigma de los delitos sexuales en materia de consentimiento, prostitución, violencia sexual digital e interseccionalidad, entre otros temas urgentes.
"Se parte de un enfoque de la respuesta institucional que coloca a las víctimas en una posición de titulares de derechos humanos y a las Administraciones Públicas en la posición de garantes de los mismos, como titulares de obligaciones. Así mismo, incluye la perspectiva de género e interseccionalidad como prisma desde el que garantizar que todas las acciones judiciales, medidas de protección y de apoyo y servicios para las víctimas se adecuan a sus diversas necesidades y respetan y fortalecen su autonomía, con especial atención a las víctimas menores de edad y con discapacidad".
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