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La Procuración Penitenciaria de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura enviaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informes en virtud de la solicitud de opinión consultiva emitida a los Estados sobre “Mujeres y personas trans/travestis privadas de libertad”. Estas tres instituciones elevaron sus informes, donde se describe la particular situación del colectivo, destacando la situación especial de riesgo que enfrentan las mujeres encarceladas en las Américas, las causas de su involucramiento en el sistema penal, y el impacto desproporcionado que su prisión ocasiona en las personas a su cargo.
Además de los informes presentados por escrito, los días 19 y 20 de abril tuvieron lugar las audiencias orales en la que se plasmó la opinión de diversos organismos sobre esta materia.
En su presentación el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura consideró que debe prevalecer el interés superior de las personas menores de edad sobre el interés social de mantener privada de la libertad a su madre en un centro penitenciario, razón por la cual los Estados deberían priorizar la convivencia y el desarrollo del vínculo materno-filial fuera de los centros penitenciarios. Cuando excepcionalmente resulte inviable, los Estados deben contar con soluciones que garanticen entornos sanos y de características similares a las que se encuentran fuera de los centros penitenciarios. En consecuencia, considera el Comité, debe haber regulaciones que permitan acceder a la privación de libertad en su modalidad domiciliaria.
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