El Relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, Diego García Sayán, señaló preocupaciones por un supuesto plan sistemático y estructural de amedrentamiento al Poder Judicial de la República Argentina por parte del Poder Ejecutivo Nacional, mediante intimidaciones, traslados y designaciones ilegales de jueces.
En su informe, el Relator recalca que “las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata”, por lo cual le requirió al gobierno que brinde las explicaciones pertinentes.
En ese sentido, señaló que posee información respecto a persecuciones de jueces no afines al gobierno mediante destituciones y traslados ilegales, así como también mediante la paralización de concursos ganados por postulantes que no comparten la línea política del Poder Ejecutivo.
Asimismo, recalcó que dicha intimidación y presión también afectó a fiscales, defensores e integrantes del Consejo de la Magistratura.
En su informe, García Sayan relata distintos casos puntuales que sufrieron persecuciones, entre ellos el de la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien luego de distintas amenazas y presiones para lograr su destitución, presentó la renuncia al cargo en noviembre de 2017.
Otro caso emblemático es el del Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien tomó visibilidad luego de que recayera en su juzgado la denuncia por presunta extorsión de Marcelo Sebastían D’Alessio contra el empresario Pedro Etchebest y por la cual se viera involucrado el Fiscal Federal Carlos Stornelli. En su informe, el Relator especial comenta que ha recibido información respecto a presiones del Poder Ejecutivo sobre el juez, por el cual requería su juicio político para obstaculizar e influir en dicha causa, sin ningún argumento por mal desempeño que lo justificara.
En cuanto a traslados ilegales de jueces, García Sayan mencionó la cuestionada subrogancia que cumplió Juan Manuel Culotta en el Juzgado Federal N°1 de La Plata con competencia electoral para toda la provincia, interviniendo en las elecciones legislativas de 2017 y remarcó el reconocido vínculo que lo une con el presidente Mauricio Macri.
Además, el relator mencionó los casos de Carlos Mahíques, que fue trasladado de la Justicia Nacional a la Federal sin respetar el procedimiento del concurso y sin acuerdo del Senado, y el de Leopoldo Bruglia, quien subrogó y luego fue confirmado en el cargo que dejó vacante el destituido Juez Eduardo Freiler –que había investigado a Mauricio Macri en la causa por escuchas ilegales cuando era Jefe de Gobierno de CABA- sin respetar los procedimientos constitucionalmente reglados.
Por otra parte, se encuentra plasmado en el informe la manipulación de Fiscales en la causa “Correo Argentino”, donde el Estado argentino aceptara un sospechoso acuerdo de pago por 300 millones de pesos en una deuda original de 300 millones de dólares por parte del grupo SOCMA –donde Macri fuera gerente general- y que se pagaría en cuotas hasta el 2033.
Allí, a partir de que la Fiscal del caso Gabriela Boquín impugnara el acuerdo por la falta de actualización monetaria, comenzó a recibir numerosos agravios, críticas e intentos de apartarla del caso por parte del Poder Ejecutivo pero la misma fue ratificada por la justicia.
En atención al cuestionado acuerdo, el Fiscal Juan Pedro Zoni inició una causa penal por la presunta comisión de un delito en el acuerdo por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, pero fue rápidamente desplazado a otro cargo bajo el argumento de que había sido designado allí de forma provisoria y su lugar lo ocupó Gerardo Pollicita, quien compartía vínculos con Mauricio Macri a través de la Comisión Directiva del Club Boca Juniors.
Finalmente, el relator mencionó –entre otros casos- la persecución contra abogados y jueces del fuero laboral, la aparente falta de independencia del Procurador General bonaerense Conte Grand por sus cargos políticos ocupados con anterioridad, la destitución del Juez platense Luis Arias y la campaña mediático-jurídica contra el ex Juez Federal Carlos Rozansky, que culminó con su renuncia.
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