La Procuración Penitenciaria de la Nación registra, documenta e interviene ante cada muerte de detenidos bajo custodia del sistema penitenciario federal mediante la aplicación del Procedimiento para la Investigación y Documentación de Fallecimientos en Prisión (Res. 169/PPN/08 y mods.).
Sus objetivos son garantizar una investigación administrativa independiente y eficaz sobre las causas y circunstancias en que las muertes ocurren, a través de la inspección del lugar de los hechos, y la recuperación de las voces de familiares, allegados y otros detenidos, mediante entrevistas realizadas en las mayores condiciones de privacidad posible. También indaga documentación judicial y administrativo- penitenciaria, y se apoya en dictámenes médicos y de profesionales de salud mental. Analiza por último la actuación judicial desplegada, para el control jurisdiccional de las condiciones en que la detención de la víctima se desarrolló, y para investigar luego eficazmente lo acontecido. Además del reconocimiento de responsabilidades individuales en casos concretos, el registro estandarizado permite identificar continuidades, rupturas y emergentes que visibilizan la existencia de prácticas judiciales y penitenciarias regulares que provocan, como efecto de conjunto, la producción de muertes bajo custodia y su posterior impunidad.
Este documento, con información actualizada al 30 de septiembre de 2017, permite señalar como principales emergentes la persistencia de elevados índices de fallecimientos bajo custodia del SPF, y especialmente de aquellos definidos como violentos, consecuencia de un proceso ascendente iniciado en el año 2011. Alerta además sobre la reiteración de muertes por ahorcamiento en el CPF I de Ezeiza, íntimamente relacionadas a un régimen carcelario violatorio de derechos humanos.
Menciona también los mayores avances judiciales en la materia, en las causas donde la Procuración Penitenciaria se encuentra constituida como parte querellante, incluida la elevación a juicio de dos médicos penitenciarios por la deficiente atención médica brindada a un detenido fallecido en el CPF II de Marcos Paz en el año 2014. También la discutible propuesta de juicio abreviado en la causa donde se investiga la responsabilidad de cuatro agentes penitenciarios por el incendio de la ex unidad psiquiátrica en que se produjo la muerte de dos detenidos.
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