En esta entrega de Cuadernos Cupihd se aporta información sobre un tema que poco se aborda al hablar de política de drogas en México: la atención a los usuarios de drogas que desean dejar de consumir. Los servicios de atención pública para usuarios de drogas son escasos, pero los relativos a usuarios que requieren tratamientos en internamiento son prácticamente nulos. De hecho, la casi totalidad de servicios de internamiento en el país la ofrecen centros no gubernamentales que operan con el modelo de ayuda mutua.
La falta de una política pública de atención a los usuarios, sin embargo, también se observa en la escasa verificación del cumplimiento de la norma en la materia por parte de las dependencias encargadas, lo que ha llevado que muchos de los centros no gubernamentales operen desvinculados al Estado.
La escasa supervisión de los centros de internamiento ha favorecido que en éstos se reproduzcan prácticas contrarias a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, como es el brindar tratamiento a personas que lo reciben de forma involuntaria. Y también que, en no pocos centros, se reproduzcan prácticas graves de violación de los derechos humanos del interno, como son mantenerlos incomunicados de sus familias e incluso propinarles castigos en grado de tortura.
Esta situación, si bien no es generalizada, se encuentra presente en un importante número de centros, lo que significa un reto importante para las dependencias federales y locales encargadas de garantizar la salud de los mexicanos y de verificar el cumplimiento de la norma por parte de todos los centros que ofrecen servicios de atención a usuarios de drogas. Pero no sólo significa un reto relativo a hacer cumplir la norma, sino también en materia de derechos humanos.
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