Se trata de una decisión adoptada durante la segunda jornada del encuentro -noviembre de 2024- por las representantes de las áreas especializadas en género de los ministerios públicos de 15 países de Latinoamérica, España y Portugal, reunidas en la ciudad de Cartagena, Colombia.
El objetivo de este instrumento es definir las pautas mínimas que aseguren que los procesos penales en casos de violencia sexual se lleven adelante de conformidad con los estándares internacionales aplicables, de modo tal que cada Ministerio Publico Fiscal de la región pueda contar con un modelo para replicar y ampliar mediante herramientas internas específicas de acuerdo a las realidades institucionales y jurídicas, así como a las características de los fenómenos criminales de sus países.
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