El proyecto de ley busca modificar los Códigos Procesal Penal de la Nación y Federal para regular el "juicio en ausencia" del imputado, especialmente en casos de crímenes graves como genocidio o lesa humanidad. Se propone que el juicio pueda continuar sin la presencia física del imputado si éste, habiendo sido debidamente notificado, se declara rebelde o no se puede localizar a pesar de esfuerzos razonables. Esto incluye la posibilidad de continuar el proceso aunque se haya solicitado la extradición del imputado a otro país.
La propuesta incorpora una serie de garantías para el imputado ausente, como la designación de un defensor de oficio, el registro audiovisual del juicio para asegurar la transparencia, la posibilidad de un nuevo juicio si el imputado se presenta posteriormente, y la notificación de las sentencias mediante edictos internacionales. El objetivo central es balancear la necesidad de juzgar crímenes graves con la salvaguarda de los derechos del imputado, incluso en casos excepcionales.
A pesar de la intención de equilibrar ambos aspectos, el proyecto ha generado controversias. Críticos señalan que se podrían violar derechos fundamentales del imputado al no poder ejercer una defensa plena en su ausencia. Otros argumentan que el proyecto es excesivamente restrictivo en cuanto a la posibilidad del juicio en ausencia y que en la práctica podrían surgir problemas de notificación y aplicación efectiva de las garantías procesales para el imputado.
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