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En el dictamen se afirma que la ley 27.610, que consagra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), es constitucional y convencional. A su vez se indica que el punto central en debate consiste en establecer una ponderación adecuada entre el derecho a la vida, a la privacidad, a la autonomía, a la integridad personal, a la salud integral, a los derechos sexuales y reproductivos y, en general, el derecho de las mujeres, niñas y personas gestantes a vivir libres de violencia y de discriminación.
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