El 68.2% de las personas privadas de libertad en las prisiones de El Salvador “no tuvo una comprensión aceptable de lo que ocurría en su proceso acusatorio y juicio posterior”, lo cual puede atribuirse a que “no cuentan con plataformas cognitivas para entender las circunstancias del proceso” y “el proceso es tan confuso que los actores implicados (jueces, fiscales y especialmente los abogados defensores) no cuentan con el tiempo, metodologías y, en general, con el compromiso de explicarles”.
Este es uno de los hallazgos centrales del Reporte de cárceles en El Salvador: Perfiles, contexto familiar, delitos, circunstancias del proceso penal y condiciones de vida en la cárcel [abril 2015], de Marcelo Bergman, Luis Enrique Amaya, Gustavo Fondevila y Carlos Vilalta, publicado por la salvadoreña Universidad Francisco Gavidia.
También revela que, en general, predomina la percepción en cuanto a la facilidad para corromper al sistema de justicia penal: el 51.8% de las personas privadas de libertad “aseguran haber podido evitar la cárcel si hubiesen tenido influencias o dinero”.
Y en cuanto a tortura por parte del ministerio público para obligar a las personas imputadas a autoinculparse, precisa que el 26.7% “aceptó haber sufrido golpes para confesar”.
Por otra parte, se ofrece un cuadro comparativo sobre el tiempo transcurrido entre la detención de una persona y el momento en el que es llevada a juicio. Además, contrariamente a lo que ocurre en Argentina, México, Perú, Brasil y Chile, “El Salvador es uno de los países que menos tiempo toma para fijar sentencia a los imputados”: entre 7 y 11 meses.
Sobre las condiciones de vida en los centros penitenciarios, destaca que el 71% de los entrevistados dice “tener suficiente agua y comida”; 50.6% califica como bueno el servicio de salud, y solo 3.5% acepta “haber sido golpeado en los último seis meses”.
Lo anterior, advierten los autores, “muestra un buen nivel de control dentro del sistema carcelario”, aunque lamentan “no haber podido averiguar y comprobar si ese control lo ejercen las autoridades o los mismo internos”.
Un dato paradójico es el bajo nivel de reincidencia entre las personas privadas de libertad, que sería una buena noticia de no ser porque una de las posibles explicaciones sea que “la población carcelaria está creciendo tan rápidamente que la mayoría de internos son primero-sentenciados, lo que, además de su corta edad y la posible extensión de sus condenas, restringiría las probabilidades de haber sido sentenciados antes”.
Finalmente, el documento sostiene que “el Estado tiene frente a sí el enorme reto de mantener el “control” de los centros penales y este asunto no parece fácil, teniendo en cuenta el nivel de organización de, verbigracia, los reos que pertenecen a las maras o pandillas y que constituyen un grupo de poder dentro de los recintos carcelarios, sin olvidar que un porcentaje cercano al 13% de la totalidad de los reclusos perteneció a algún cuerpo de seguridad”.
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