La Ley 27.786 introduce un marco normativo integral para el abordaje de las organizaciones criminales en Argentina. Pretende fortalecer las herramientas del Estado en materia de investigación y persecución penal. Su objeto es brindar un tratamiento específico a los grupos delictivos definidos como "aquellos conformados por tres o más personas que actúan de manera concertada y prolongada en el tiempo para la comisión de delitos especialmente graves".
El nuevo régimen amplía el alcance de las investigaciones al establecer un sistema de zonas sujetas a investigación especial, permitiendo que el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad coordinen operativos específicos en áreas donde la actividad delictiva tenga un impacto significativo. En estos casos, las causas pueden pasar a la justicia federal, y se conformarán Comisiones Investigadoras Conjuntas con participación de fiscales nacionales y provinciales, así como de las fuerzas de seguridad.
La norma introduce medidas procesales extraordinarias, tales como la posibilidad de detener personas hasta por 48 horas por averiguación de delitos relacionados con el crimen organizado, con una extensión de hasta 15 días en casos de alta complejidad. Asimismo, la ley habilita la inmovilización de activos de origen presuntamente ilícito, la interceptación de comunicaciones bajo estrictas condiciones y la ampliación de las facultades de allanamiento en áreas vinculadas a investigaciones en curso.
El Código Penal también se ve reformado con la incorporación de dos nuevos tipos penales que agravan las penas para quienes formen parte de una organización delictiva estructurada. Se prevén sanciones de hasta 20 años de prisión para quienes colaboren con estas asociaciones ilícitas, y se introduce un régimen aún más severo para aquellas que empleen la violencia, amenacen a la población o busquen el control territorial.
Por último, la norma establece la figura del decomiso anticipado, permitiendo la confiscación de bienes sin necesidad de una condena firme, cuando existan sospechas fundadas sobre su origen ilícito. De este modo, la ley se erige como un instrumento clave en la lucha contra el crimen organizado, dotando al Estado de facultades expeditivas para intervenir en contextos de alta conflictividad delictiva.
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