El Cuerpo Médico Forense, bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha aprobado un innovador protocolo para la realización de autopsias mínimamente invasivas. Este avance responde a la necesidad de compatibilizar la función pericial con el respeto por las convicciones religiosas que consideran la manipulación del cadáver una forma de profanación. La iniciativa, impulsada por el director médico de la Morgue Judicial, Santiago Maffia Bizzozero, y formalizada mediante resolución administrativa firmada por el decano Leonardo Ghioldi el 30 de enero, introduce un enfoque que concilia las exigencias judiciales con el respeto a la diversidad cultural y religiosa.
El método, ya aplicado en autopsias de personas fallecidas por COVID-19, se basa en un conocimiento preciso de la anatomía regional y topográfica, permitiendo la inspección dirigida de las áreas relevantes sin necesidad de intervenciones extensivas. La técnica incluye un examen externo completo y la visualización interna de órganos clave, con la posibilidad de tomar muestras para estudios histopatológicos cuando sea necesario. Su implementación resulta particularmente útil en contextos donde la causa de muerte no requiere una exploración exhaustiva del cuerpo, así como en aquellos casos en que la práctica de una autopsia convencional es objetada por razones de fe.
La aprobación de este protocolo responde a una demanda creciente de comunidades religiosas como la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y el Centro Islámico de la República Argentina, con quienes se han mantenido reuniones para garantizar que los procedimientos forenses no vulneren sus creencias. Su aplicación, sin embargo, sigue sujeta a la evaluación del órgano jurisdiccional interviniente, que deberá autorizar su uso en cada caso concreto.
Además de su dimensión cultural y religiosa, esta modalidad aporta beneficios en términos de bioseguridad, minimizando el riesgo de exposición a enfermedades infectocontagiosas para los profesionales intervinientes. De este modo, el nuevo protocolo no solo fortalece el servicio de justicia, sino que también consagra un modelo forense más respetuoso de los derechos fundamentales, la diversidad cultural y la protección de los operadores judiciales.
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