La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió un conflicto negativo de competencia suscitado por un amparo ambiental promovido por un grupo de vecinos que exigía el cese urgente del funcionamiento y el desmantelamiento de una antena portante de telefonía celular. La contienda enfrentó a la justicia provincial y a la justicia federal respecto de cuál debía intervenir, dado el alcance del reclamo y la naturaleza del objeto litigioso.
En su decisión, la Corte estableció que correspondía la intervención de la jurisdicción federal, en tanto la resolución del caso exige interpretar el alcance de normas de carácter federal, en particular la Ley Nacional de Telecomunicaciones N.º 19.798. Además, advirtió que la actividad cuestionada —el servicio de telefonía celular— se vincula con prestaciones de escala interprovincial e internacional, por lo que podrían verse comprometidos intereses federales cuya tutela excede las competencias locales.
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