CSJN: deberes “reforzados” que ha asumido el Estado frente a situaciones de abuso o violencia de género

SUMARIO:
La representante del Ministerio Público Fiscal interpuso recurso extraordinario ante la confirmación en sucesivas instancias del sobreseimiento del imputado en orden al delito de abuso sexual agravado cometido por un ascendiente contra una menor de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente. La Corte dejó sin efecto el pronunciamiento al considerar que con menoscabo de derechos de raigambre constitucional omitió considerar elementos conducentes para la solución del litigio y realizó afirmaciones dogmáticas que daban fundamento sólo aparente. Tuvo en cuenta que al examinar las explicaciones dadas por la madre de la niña al solicitar el archivo de la denuncia no se debió soslayar el contexto de violencia de género en el que estaba inmersa, que el informe social concluyó que existía sospecha de abuso sexual y maltrato infantil, que el grupo familiar era disfuncional y que la madre dependía económicamente del imputado. Expresó el Tribunal que estos elementos de convicción, sumados a diversos informes interdisciplinarios, debieron ser analizados integralmente al momento de decidir sobre la existencia del abuso investigado y de motivos suficientes para remitir la causa a juicio. Resaltó que el dictado del sobreseimiento en la etapa de instrucción reviste carácter excepcional, lo cual adquiere mayor entidad si la conducta imputada configura violencia contra la mujer y la víctima también está amparada por la Convención sobre los Derechos del Niño.