Megacausa. Confirma sentencia. Casación. Prisión perpetua a los magistrados integrantes del aparato judicial de la justicia federal de Mendoza por complicidad –participación primaria- con el plan criminal de terrorismo de estado.

El día 6 de septiembre de 2019 la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por los Dres. Hornos, Germingniani y Borinsky confirmó la sentencia dictada el 26 de julio de 2017 por la que se impuso prisión perpetua a los magistrados integrantes del aparato judicial de la justicia federal de Mendoza por complicidad –participación primaria- con el plan criminal del terrorismo de estado.

La prisión perpetua a los ex magistrados Otilio Romano, Evaristo Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren fue entonces confirmada por unanimidad por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal de la Nacion.

Romano se había refugiado en Chile para evitar la acción de la justicia pero fue extraditado por resolución del máximo tribunal Chileno y juzgado en Argentina siendo impuesta la pena de prisión perpetua por su colaboración con el plan de criminal de la dictadura militar.

El fallo considera de lesa humanidad los delitos cometidos desde el aparato estatal anteriores al 24 de marzo de 1976.

Asimismo considera con respecto a los magistrados federales que actuaron en la dictadura militar que: “el carácter esencial y necesario de su colaboración se cimenta precisamente en haberles asegurado, desde su posición de magistrados garantes de la legalidad en esa época, impunidad a los operadores del aparato represivo.”

La sentencia no solo agrega fundamentos a la participación criminal primaria en el aparato represivo por parte de los magistrados federales sino que analiza críticamente su accionar fundamentando el reproche penal de sus conductas y por lo tanto la justicia de la pena impuesta de prisión perpetua.

Los jueces de Casación ponderan los fundamentos dados por el juez González Macías acerca de que “los ex magistrados tomaron conocimiento de graves delitos en forma previa o concomitante a su comisión por parte de los autores y no realizaron los actos que la situación exigía y que podían cumplir, para satisfacer la garantía que la función institucional determinaba. Profundizó que “en cada caso en el que les tocó intervenir, les cabe responsabilidad por el resultado, a más de que, con esa omisión, hayan dado ese mensaje de impunidad”.

El fallo es enorme porque permite avanzar en todos los casos de complicidad judicial que se están tramitando en la República Argentina, se trata de 48 ex funcionarios judiciales que son investigados, el dato surge de un relevamiento difundido por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), que depende el Ministerio Público Fiscal, que consigna además que otras once personas estuvieron imputadas hasta su fallecimiento.

Es por ello que el fallo toma una enorme relevancia para los casos futuros pero también tiene una enorme relevancia para el juzgamiento de la responsabilidad civil en la complicidad con el plan criminal del terrorismo de estado.

Recordemos que se conmemoraron los 40 años de la visita histórica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en plena dictadura a la República Argentina.

Es la misma Comisión,  la que emitió un comunicado apoyando el fallo del Tribunal Oral Federal de Mendoza que condenó a los ex magistrados el 26 de julio de 2017.

Este fallo ponderado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el fallo que ahora se ve confirmado por el fallo del máximo Tribunal de Casación Penal con agregado de mayores fundamentos.

Argentina produce el segundo juicio a un aparato judicial después del famoso juicio a los jueces nazis en Nuremberg.

Argentina y su proceso de juzgamiento de crímenes contra la humanidad queda en la historia del derecho internacional de los derechos humanos.

Pero además por si esto fuera poco el fallo hace lugar a los recursos del Dr. Dante Vega por el Ministerio Público y el nuestro de la parte Querellante y anula absoluciones disponiendo que se revisen y se dicte un nuevo pronunciamiento en torno a dichas absoluciones.

Cuando el 26 de julio de 2017 el Tribunal Oral presidido por el Dr. Piña e integrado por los Dres. Gonzalez Macias y Raul Fourcade dictaron sentencia dije que se trataba de un luminoso día de justicia y ahora digo que se trata de la confirmación de esa justicia por el máximo tribunal penal de nuestro País.