El artículo analiza una resolución judicial del Juzgado de Violencia de Género de Chilecito, La Rioja, donde se habría vulnerado el derecho del imputado a elegir a su abogado de confianza. Este derecho, protegido por la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos, fue restringido por el tribunal al impedir la participación del abogado elegido debido a un supuesto conflicto de interés.
Se describe cómo el tribunal rechazó dos veces la solicitud del imputado para que su abogado designado lo representara. En ambas ocasiones, el tribunal alegó motivos de nulidad e inadmisibilidad, lo que resultó en una limitación significativa del derecho de defensa del imputado.
Concluye asi que estas decisiones judiciales son incompatibles con los estándares de derechos humanos y resaltan la necesidad de respetar el derecho a una defensa efectiva y sin restricciones indebidas en los procesos penales, conforme al mandato constitucional.
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