A partir de un enfoque criminológico y estudio de diagnóstico realizado en 2018 sobre las prácticas que llevan a cabo los Equipos Profesionales Interdisciplinarios (E.I.), este artículo contribuye al esclarecimiento de los objetivos que se persiguen durante el seguimiento y abordaje que se implementa con jóvenes en conflicto con la ley penal.
En este sentido la autora destaca el lugar distintivo que se intenta construir junto al/la joven en este dispositivo, la importancia del contexto y la participación de redes familiares para el abordaje de la problemática. Del resultado de las entrevistas realizadas y de la sistematización de los datos, lo más relevante obtenido en cuanto a opiniones o representaciones de lo/as profesionales es que respecto de los objetivos primordiales la mayoría coincide en que serían la búsqueda de implicación subjetiva, el alcance del artículo 4to (absolución por tratamiento tutelar), alojar/acompañar y la implementación de medidas socio-educativas. Del mismo modo, surgen como otros objetivos en menor medida enunciados: conocer e informar la situación del joven, fomentar el armado de un proyecto de vida alternativo, posibilitar la inclusión social y restitución de derechos. Pero, ¿Cómo se entienden y qué significan cada uno de estos objetivos en la práctica?
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