La Resolución adoptada por el Organismo Interamericano representa la continuidad en la tarea de elaborar las mejores respuestas a la pandemia desde un enfoque de derechos humanos. Se trata específicamente de la urgencia en lograr una rápida inmunización en las Américas, debiendo los Estados ubicar a la salud pública en el centro de sus decisiones y políticas sobre vacunas contra el COVID-19, resultando imperativo su distribución justa y equitativa, haciéndolas accesibles y asequibles para los países de medios y bajos ingresos. Establece asimismo los criterios que los Estados deben considerar para que los procesos de producción, adquisición, distribución y administración de vacunas se ajusten a las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas.
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