Este artículo aborda el desafío del lavado de activos desde el marco jurídico argentino y plantea inquietudes fundamentales sobre el uso de la prueba indiciaria como estándar probatorio.
En primer lugar, se señala que el lavado de activos como delito de naturaleza transnacional y compleja presenta serias dificultades probatorias debido a la sofisticación de las organizaciones criminales. Esto incluye etapas estratégicas como colocación, estratificación e integración de fondos ilícitos al sistema económico formal. A pesar de la autonomía que adquirió este delito en el Código Penal, el número limitado de sentencias evidencia la necesidad de mayor capacitación y recursos para las investigaciones.
Una de las principales preocupaciones radica en el equilibrio entre la eficacia probatoria y la garantía de derechos constitucionales, como la presunción de inocencia. La prueba indiciaria, ampliamente aceptada internacionalmente, facilita la vinculación de bienes con actividades delictivas sin necesidad de prueba directa del delito precedente. Sin embargo, se advierte sobre los riesgos de depender exclusivamente de indicios ya que podría generar condenas erróneas. Por lo tanto promueve la necesidad de un estándar probatorio riguroso que permita una certeza suficiente para fundamentar las decisiones judiciales.
Como solución, se propone fortalecer las capacidades de las instituciones del Estado mediante protocolos de actuación, formación específica y recursos tecnológicos avanzados. Además aboga por políticas criminales claras y una articulación interagencial eficiente para prevenir y combatir el lavado de activos. Esto permitiría mejorar la persecución de estos delitos sin comprometer derechos fundamentales, estableciendo un balance entre la protección del orden económico y las garantías procesales.
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