Este artículo critica al nuevo proyecto de ley penal juvenil en Argentina que propone bajar la edad de criminalización a 13 años y aumentar las penas de cárcel para adolescentes. Los autores, Martin Alderete y Evangelina Cavanna, argumentan que esta propuesta legislativa reduce los derechos de los menores y contradice tanto la Convención Internacional de los Derechos del Niño como decisiones previas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En primer lugar, expone que los argumentos utilizados para justificar el proyecto son falaces. Se menciona que las cifras de delincuencia juvenil presentadas por el Ejecutivo son exageradas y no reflejan la realidad, ya que la mayoría de los delitos cometidos por jóvenes son contra la propiedad y no contra las personas. Además, el proyecto ignora datos que muestran que solo un pequeño porcentaje de adolescentes comete delitos graves, lo que evidencia que no existe una crisis de criminalidad juvenil que justifique tal endurecimiento de la ley.
Finalmente, los autores critican que el proyecto de ley prioriza la privación de libertad sobre medidas alternativas y restaurativas, las cuales son recomendadas por la normativa internacional. Consideran que esta ley, en lugar de promover la reintegración social de los adolescentes, fomenta una respuesta punitiva que podría aumentar la criminalización y el sufrimiento de los jóvenes, contradiciendo los principios de justicia juvenil y los derechos humanos.
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