A partir de la Directiva (UE) 2024/1203) se busca unificar y reforzar el régimen de protección penal del medio ambiente en la Unión Europea. Allí se establece un orden obligatorio sobre cuales conductas en este tema deben ser tipificadas. Los países deben transponerla a sus respectivos ordenamientos penales antes del 21 de mayo de 2026. Además, debe destacarse que introduce mecanismos de protección para denunciantes de las conductas que impliquen un delito ambiental. Este breve trabajo tiene como objeto una comparación muy general con la legislación argentina reciente y -en lo específico- el llamado RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) que provoca en la legislación ambiental, autorizaciones para una flexibilización que, entre tantas cuestiones no imponen condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos.
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