En esta columna, Rodrigo Morabito examina el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional que busca reducir la edad de imputabilidad penal a 13 años. El análisis, fundamentado en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y jurisprudencia nacional e internacional, revela graves contradicciones y violaciones a los estándares de derechos humanos. Se argumenta que el proyecto es regresivo y punitivo, al fallar en abordar las causas estructurales del delito juvenil y al exponer a niños, niñas y adolescentes al sistema penal.
Se analizan alternativas a la criminalización de menores, enfocándose en programas de intervención temprana y políticas de prevención basadas en el fortalecimiento de la educación, el apoyo familiar y la integración comunitaria. Estas estrategias, en lugar de medidas punitivas, ofrecen soluciones más efectivas y justas para abordar la problemática del delito juvenil.
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