El nuevo sistema de control disciplinario de las fuerzas de seguridad en Córdoba

RESUMEN:
Existen dos optimismos que rodean las cuestiones securitarias, que no por ingenuos tienen menor circulación en los medios de comunicación, en las representaciones sociales y también en las políticas públicas. Por un lado, creer que el aumento de la inseguridad (subjetiva y objetiva) puede resolverse con el aumento de la cantidad de policías. Por el otro, seguir apelando a un discurso que enaltece las bondades de la capacitación como respuesta privilegiada para erradicar los excesos y delitos que cometen los integrantes de las fuerzas de seguridad. De esta forma, los problemas estructurales vinculados a la seguridad se reducen a dos variables y a dos soluciones. Para el aumento del delito, más policías, y para corregir las desviaciones en la propia institucionalidad policial, más capacitación.
En la Argentina ya llevamos casi 40 años de ejercicio democrático del gobierno pero aún no nos hemos dado el tiempo como sociedad para revisar y debatir ampliamente los estatutos policiales heredados; incluso algunas de estas regulaciones provienen directamente de gobiernos de facto. Para ilustrar esta afirmación basta señalar que la llamada ley orgánica de la policía federal argentina, que ha servido de modelo para la configuración institucional de diferentes fuerzas policiales del país es un decreto-ley del gobierno de Aramburu (333/1958).
Desde finales de los 90 a esta parte, el problema de “la inseguridad” fue capturando cada vez más la atención de la ciudadanía argentina. A partir de entonces, el tema pasó a ser central en la agenda mediática y política del país y de la región. Sin embargo, los debates que se habilitan en este campo, en general resultan repetitivos, cortoplacistas y desprovistos de una visión estratégica acerca del rol que deben cumplir las fuerzas policiales en la construcción de un Estado Social de Derecho (Art. 1, Const. Córdoba).
En general, frente a las variaciones en la demanda de seguridad, existe una respuesta casi invariable por parte de los gobiernos: la incorporación de más personal y equipamiento policial. Y a medida que el problema se incrementa, se incorporan más policías. Lo mismo ocurre con la capacitación, pareciera que siempre se requiere más formación del personal y, aunque esto puede tener un componente de verdad, sería una simplificación extrema creer que los problemas estructurales se van a resolver de ese modo. No podemos pensar en definir un programa de formación de los cuadros policiales, sin desarrollar previamente un debate amplio y profundo acerca del modelo de fuerzas de seguridad que queremos para las próximas décadas.
Tampoco parece advertirse la relación - aunque no de forma lineal y directa - que existe entre la incorporación de más policías a una fuerza autogobernada y el aumento de casos de mala actuación policial (violencia de género, institucional, corrupción, etc.).
Desde luego, no hay soluciones simples a cuestiones complejas. Y es evidente que los problemas públicos que se presentan en este campo requieren de una planificación explícita y prospectiva que probablemente implique a varias generaciones. En la actualidad de las políticas securitarias, se nota la carencia de ideas, la ausencia de información adecuada para decidir y una enorme dificultad para encontrar los consensos sociales y políticos que permitan sustentar una planificación de largo plazo. Los discursos, en general, son opacos y buscan tan solo correr el foco de la atención social. Las respuestas de corto plazo ya ni siquiera se esfuerzan en disimular esta situación. Se presentan siempre como “urgentes y necesarias”, al tiempo que van delegando en futuras generaciones la tarea de pensar y constituir fuerzas de seguridad para la democracia.
En este pequeño trabajo tenemos la intención de decir algo acerca de los problemas que venimos reseñando. El punto de partida para adentrarnos en esta discusión es un hecho legislativo bastante próximo: la sanción de la ley provincial 10.731 (B.O 20/12/20) que instaura el Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba. Desde ese escenario, buscamos poner de relieve algunas de las diferentes dimensiones implicadas en la tarea de formar, controlar y democratizar las fuerzas de seguridad provincial.
Es pertinente aclarar que no es nuestra intención brindar una exégesis normativa o postular soluciones correctas o incorrectas a los problemas públicos implicados. Toda regulación, en tanto tecnología de control social, se encuentra siempre atravesada por el contexto técnico, cultural y político en el cual se gesta. Y no contamos todavía, con una disciplina científica, un saber o técnica que pueda dar cuenta de todas esas dimensiones en el mismo tiempo en que se suceden los acontecimientos sociales. Asumiendo estas limitaciones, el presente ensayo busca señalar y poner de relieve algunos de los aspectos fundamentales que presenta esta reconfiguración normativa e institucional del control disciplinario sobre las Fuerzas de Seguridad provinciales. En particular, queremos destacar algunos aspectos novedosos desde los cuales pensamos que quizá se puedan desplegar algunos instrumentos para la planificación prospectiva de nuestras instituciones de seguridad.